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YPFB Transporte activó su plan de emergencias tras la ocupación de la estación de bombeo por comunarios que rechazan el Decreto 5503.
La viceministra Tatiana Genuzio dijo que hay grupos que se dedican al comercio irregular de garrafas y que eso perjudica el abastecimiento normal a los usuarios.
Las autoridades atribuyen el problema a bloqueos, sobredemanda, contrabando y deficiencia en las garrafas, y refuerzan la distribución con mayor asignación de GLP. También se tomó la determinación de exigir el carnet de identidad en la compra.
Expertos coinciden en que las protestas por el Decreto Supremo 5503 son impulsadas por sectores privilegiados y no cuentan con apoyo mayoritario, mientras la población prioriza la estabilidad económica y el abastecimiento de bienes
Autoridades aseguran que la garrafa se mantiene a Bs 22,50 y atribuyen el problema a una sobredemanda generada por información falsa.
La Estación de Bombeo de Oconi, considerada una infraestructura estratégica de YPFB, fue tomada por campesinos que rechazan el DS 5503, lo que obligó a activar protocolos de emergencia.
A través de un memorándum de entendimiento, comprometieron el intercambio de capacidades técnicas y conocimientos.
Uruguay mantuvo en 2025 una matriz eléctrica prácticamente libre de fósiles: el 98% de la electricidad entregada al Sistema Interconectado Nacional (SIN) provino de fuentes renovables, mientras que la generación con combustibles fósiles representó apenas el 2%, según un reporte preliminar de la Dirección Nacional de Energía (DNE) del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM).
El docente investigador de la Politécnica (UNA) Victorio Oxilia también pronostica que ya en los primeros años de la próxima década la potencia de Itaipú se habrá saturado y luego la energía por el alto consume interno que se registra y se registrará en Paraguay. En este tiempo que resta de excedente energético, qué queda por negociar del Anexo C del tratado. Aún bastante. Aquí la nota.
ConocoPhillips, ExxonMobil y Halliburton son algunas de las compañías estadounidenses que tienen pagos pendientes por fallos del CIADI contra Venezuela. Se suman también otras empresas, tanto de EE.UU. y Canadá como de la Unión Europea