La crisis petrolera que enfrentó Ecuador en 2025 combinó una disminución en la producción y precios internacionales más bajos del crudo, impactando de forma directa los ingresos del Estado y profundizando las dificultades para sostener el gasto público. Este escenario provocó retrasos y recortes en las asignaciones a los sectores que dependen del presupuesto general del Estado (PGE).
Entre enero y septiembre de 2025, los ingresos por actividades hidrocarburíferas se redujeron 16,11 % en comparación con el mismo periodo de 2024, lo que representó una caída de $ 229,94 millones, según el informe de ejecución presupuestaria. Mientras en 2024 se registraron ingresos por $ 1.427,48 millones, en 2025 la recaudación fue de $ 1.197,54 millones.

Este monto representó el 0,90 % del producto interno bruto (PIB) estimado por el Banco Central del Ecuador (BCE) a septiembre y el 2,92 % del PGE codificado al 30 de septiembre de 2025. Durante ese periodo, el precio promedio del petróleo ecuatoriano fue de $ 60,22 por barril exportado, lo que significó un decrecimiento de 14,65 % frente a los $ 70,56 promedio registrados en 2024. Además, el valor de venta estuvo $ 1,98 por debajo del precio promedio de $ 62,20 por barril previsto en el presupuesto aprobado para 2025.

La contracción de los ingresos también se reflejó en los resultados de Petroecuador. Entre enero y noviembre de 2025, la empresa pública dejó de percibir $ 1.418 millones por comercio exterior de crudo, debido a una reducción del 6,40 % en el volumen exportado y a un menor precio promedio de venta, que pasó de $ 69,19 en 2024 a $ 59,25 por barril en 2025.

Esta disminución de recursos ha impactado a los Gobiernos autónomos descentralizados (GAD) provinciales, municipales y parroquiales, así como a sectores estratégicos como salud, educación, vivienda, obras públicas, seguridad e incluso el pago de la deuda pública.

El economista Santiago García advierte que el rubro más vulnerable es la inversión pública, ya que al tratarse de un gasto no permanente depende de ingresos no permanentes, como los petroleros. “El impacto directo implica menor disponibilidad de recursos para inversión. Generalmente, cuando caen estos ingresos, lo primero que se ajusta es la inversión, y tampoco alcanza para cubrir el gasto corriente”, señala.

Con menos recursos, proyectos planificados no pueden iniciarse y otros en ejecución se paralizan o avanzan lentamente, afectando a las comunidades. Además, se reduce el gasto corriente en bienes y servicios, lo que repercute en el abastecimiento de hospitales, el sistema educativo y el pago oportuno a proveedores y contratistas.

En el caso de los GAD, el Modelo de Equidad Territorial (MET), establecido en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), determina su participación en las rentas del Estado. Este modelo se financia con el 21 % de los ingresos no permanentes y el 10 % de los ingresos permanentes del PGE.

Para 2025 se presupuestaron $ 3.268 millones para el MET, además de $ 287,47 millones correspondientes al impuesto de $ 2 por barril de petróleo producido para los GAD amazónicos y $ 28,43 millones para la Secretaría Técnica de la Circunscripción Amazónica. Sin embargo, el economista Juan Carlos Salvador señala que el Gobierno central mantiene una deuda cercana a $ 882 millones con los GAD solo por concepto del MET, y que los atrasos totales podrían ascender a $ 1.200 millones. “Si no se les paga, se detiene la obra pública en territorio, lo que condiciona la actividad económica”, advierte.

Para 2026, el panorama no es alentador. Organismos internacionales prevén una continuidad de precios bajos del crudo. El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima una caída del 6 % en los precios de las materias primas energéticas, con un precio promedio del petróleo de $ 64,33, mientras que el consenso de treinta firmas proyecta una caída del 6,8 % del crudo WTI entre 2025 y 2026. La proforma presupuestaria de 2026 prevé un precio promedio de $ 53,47 por barril y estima ingresos petroleros por $ 3.156 millones. La producción nacional se proyecta en 165 millones de barriles al año, una meta inferior a la prevista en 2025.

Finalmente, la falta de ingresos propios incrementa la necesidad de endeudamiento. Según el Plan Anual de Endeudamiento 2026, el Gobierno requerirá $ 12.999 millones en deuda pública para financiar parte del PGE, el plan anual de inversiones y el programa de preservación de capital.

Fuente: Machala Movil