El pasado viernes los accionistas de Ecopetrol se dieron cita para votar por los cambios que marcarán el futuro de la petrolera, siendo algunos de los principales la elección de la nueva junta directiva para lo que resta del periodo 2021 - 2025, y la reforma a los estatutos que le da luz verde para meterse de lleno a las energías renovables.

El ambiente fue tenso y estuvo marcado por silbidos y abucheos. Al principio, varios de los accionistas minoritarios pidieron cambiar el orden del día: consideraban que se debía aplazar la elección de la Junta de la petrolera por estar “plagada de conflictos de intereses”; al igual que suprimir el cambio del objeto social, pues opinaron que las renovables no son el core del negocio y afectaría la rentabilidad de la compañía.

En contexto: El Gobierno se impuso en la dura Asamblea de Ecopetrol: aprueban la nueva junta directiva hasta 2025 Pese a estos cuestionamientos, el Gobierno Nacional, siendo el accionista mayoritario (88% de las especies), hizo valer su posición por encima de quienes expresaron inconformidades.

Todos estos cambios han generado que algunos analistas califiquen el futuro de la petrolera como “sombrío” y lleno de “incertidumbre”. Por ejemplo, el economista Salomón Kalmanovitz manifestó en una de sus columnas que Ecopetrol puede terminar siendo administrada a favor de intereses contrarios a su desarrollo, inspirados por la ideología que no por la técnica.

Y es que ya el mercado está reaccionando. Este martes, la acción de la compañía se desplomó más de 5% en la Bolsa de Valores de Colombia, cerrando con un precio de $1.995, cifra que no se veía desde mayo de 2023.

Estos fueron los principales cambios que se aprobaron.

Nueva junta no cayó del todo bien

Con una aprobación del 98,9% fue elegida la Junta Directiva que postuló el Gobierno Nacional. Esta quedó conformada por cinco rostros nuevos: Edwin Palma, Lilia Roa, Ángela María Robledo, Guillermo García Realpe y Álvaro Torres Macías; y otros cuatro que ya estaban: Mónica de Greiff, Gonzalo Hernández, Luis Alberto Zuleta y Juan José Echavarría.

Y aunque el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, defendió la anterior lista y afirmó que cada uno de estos candidatos cumple con los requisitos que establece el reglamento estatutario, varios de los accionistas minoritarios siguieron cuestionado la conveniencia de estos nombres en el directorio.

De hecho, Juan José Echavarría hizo lo propio durante su intervención, en representación de los siete miembros de la pasada junta que enviaron la carta mostrando su preocupación por la designación de la entonces plancha de candidatos.

“Tenemos serias dudas de que tengan las características necesarias para cumplir con lo que se nos encarga”, dijo, y argumentó que se deberían excluir a funcionarios vinculados directamente con el Estado, en referencia a Palma y a Roa que son viceministros, “dado que su proximidad con el Gobierno podría dar lugar a falta de independencia y objetividad en la toma de decisiones, generar conflictos de intereses y riesgos sobre la integridad de la información reservada”.

Asimismo, Echavarría fue enfático en que las juntas directivas de las empresas públicas deben estar protegidas de la interferencia política, que podría impedirles enfocarse en lograr los objetivos acordados.

Además, hay tres nombres del nuevo órgano directivo que siguen generando bastante ruido. Uno de ellos es el del viceministro de Trabajo, Edwin Palma, que fue expresidente de la Unión Sindical Obrera (Uso) y cuyo ingreso se daría gracias a los ajustes en los estatutos, que redujo de 15 a 12 años la experiencia profesional para integrar la junta.

También está Ángela María Robledo, senadora y fórmula vicepresidencial en la campaña de 2018 de Gustavo Petro. Algunos reprochan su falta de experiencia en el sector de hidrocarburos.

Por su parte, se encuentra la viceministra de Ambiente, Lilia Roa Avendaño, que aterrizó a ese cargo a principios de enero y es una conocida activista antifracking. Algunos creen que esta debió declararse impedida por adelantar una agenda en contra de la fracturación que efectúa, precisamente, Ecopetrol en Estados Unidos.

“Si se imponen las visiones ambientalista y sindical en la administración de la empresa, se entorpecería su desarrollo y se disminuirían las divisas que Colombia recibe por sus exportaciones. En consecuencia, se aumentaría la devaluación del peso y se daría una mayor inflación (...)”, reflexionó Kalmanovitz, en una columna de opinión en El Espectador.

Luz verde a ser una empresa de energía

El último punto que se votó en la Asamblea fue el de reformar los estatutos, cuyo objetivo es que Ecopetrol haga el tránsito hacia el negocio energético y se convierta en la principal empresa de este sector en el país. La propuesta, que fue aprobada, establece que Ecopetrol podrá “realizar la investigación, desarrollo y comercialización de fuentes convencionales y alternas de energía; la producción, mezcla, almacenamiento, transporte y comercialización de componentes oxigenantes y biocombustibles, la operación portuaria y la realización de cualesquiera actividades conexas”.

Esto se suma al objeto social de la empresa que le da la misión de desarrollar actividades de exploración y producción de hidrocarburos. Adicionalmente, se incluye la creación de seis nuevas actividades.

Dentro de estas se destaca el desarrollo y construcción de proyectos de generación de energía renovable, así como de hidrógeno para consumo tanto propio como de terceros. Para esto, Ecopetrol ya venía abonando camino. Tanto así, que el 42% de las inversiones que realizará este 2024 se destinará a proyectos de transición energética (bajas emisiones, gas natural, descarbonización, transmisión eléctrica y vías).

En contexto: Junta Directiva de Ecopetrol reitera en la Asamblea sus dudas sobre plancha de candidatos del Gobierno Para Carlos Vasco, profesor de economía de la Universidad de Antioquia, si bien al ser su principal accionista, Ecopetrol debe reflejar las intenciones y metas del Gobierno Nacional, la apuesta de convertirse en una empresa de energía renovable sería riesgosa si se tiene en cuenta que no es el core de su negocio.

“La idea no es tan descabellada, siempre y cuando la mayoría de sus inversiones se dediquen a lo que saben, y no que dejen de buscar petróleo y gas, y que los recursos se vayan a asuntos que no son de su experticia. Estas energías alternativas no se deberían convertir en su principal actividad económica de manera abrupta. De otra manera, estaríamos dejando al país sin su principal empresa, la cual le genera unos ingresos importantes al Estado vía dividendos, impuestos y regalías, que luego son utilizados para el gasto público”, comentó Vasco.

A su turno, Julio César Vera, analista y presidente de la Fundación Xua Energy, opinó que no es errado que Ecopetrol avance en su transición, pero su negocio base debe seguir fuerte y consolidado, con incorporación de nuevas reservas que le permitan generar los recursos necesarios para crecer.

Ricardo Roa defiende su administración

Luego de horas de escuchar las críticas sobre su gestión y las investigaciones que la empañan, Ricardo Roa se refirió a los comentarios que sostiene que se está “destruyendo” a la petrolera.

El funcionario expuso los logros que tuvo la compañía en su ejercicio de 2023. “Logramos la producción más alta de petróleo de los últimos 8 años, aquí no estamos restringiendo ni recortando ni acabando. Y en algunos momentos obtuvimos producciones muy por encima de los 760.000 barriles día ¿Dónde está la Ecopetrol que estamos destruyendo?”, aseveró. Asimismo, sacó pecho por los “grandes récords” que ha reportado la petrolera, como las transferencias a la Nación, que, dijo, fueron las más altas en la historia de Ecopetrol, con $58 billones.

No obstante, el informe de Control Risk sigue generando dudas, pues se han revelado nombres de personas y empresas, en Colombia y Estados Unidos, interesadas en contratar con Ecopetrol y a las cuales Roa aparentemente estaría vinculado.

En el documento se haría mención, por ejemplo, al nombre de Carlos Julián Caicedo, pareja de Roa, quien figura en la constitución de dos empresas en Bogotá y Miramar (La Florida, EE. UU.).

Así las cosas, la consultora británica no descarta posibles investigaciones formales contra Roa, de carácter administrativas, disciplinarias y/o penales, por sus presuntos conflictos de interés e influencia indebida para contratos de personas de su círculo cercano.

No obstante, aunque se considera una renuncia, suspensión o separación del cargo, esta sería una posibilidad poco probable, por el respaldo del gobierno Petro al funcionario.

El pasado viernes los accionistas de Ecopetrol se dieron cita para votar por los cambios que marcarán el futuro de la petrolera, siendo algunos de los principales la elección de la nueva junta directiva para lo que resta del periodo 2021 - 2025, y la reforma a los estatutos que le da luz verde para meterse de lleno a las energías renovables.

El ambiente fue tenso y estuvo marcado por silbidos y abucheos. Al principio, varios de los accionistas minoritarios pidieron cambiar el orden del día: consideraban que se debía aplazar la elección de la Junta de la petrolera por estar “plagada de conflictos de intereses”; al igual que suprimir el cambio del objeto social, pues opinaron que las renovables no son el core del negocio y afectaría la rentabilidad de la compañía.

Pese a estos cuestionamientos, el Gobierno Nacional, siendo el accionista mayoritario (88% de las especies), hizo valer su posición por encima de quienes expresaron inconformidades.

Todos estos cambios han generado que algunos analistas califiquen el futuro de la petrolera como “sombrío” y lleno de “incertidumbre”. Por ejemplo, el economista Salomón Kalmanovitz manifestó en una de sus columnas que Ecopetrol puede terminar siendo administrada a favor de intereses contrarios a su desarrollo, inspirados por la ideología que no por la técnica.

Y es que ya el mercado está reaccionando. Este martes, la acción de la compañía se desplomó más de 5% en la Bolsa de Valores de Colombia, cerrando con un precio de $1.995, cifra que no se veía desde mayo de 2023.

Estos fueron los principales cambios que se aprobaron.

Nueva junta no cayó del todo bien Con una aprobación del 98,9% fue elegida la Junta Directiva que postuló el Gobierno Nacional. Esta quedó conformada por cinco rostros nuevos: Edwin Palma, Lilia Roa, Ángela María Robledo, Guillermo García Realpe y Álvaro Torres Macías; y otros cuatro que ya estaban: Mónica de Greiff, Gonzalo Hernández, Luis Alberto Zuleta y Juan José Echavarría.

Y aunque el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, defendió la anterior lista y afirmó que cada uno de estos candidatos cumple con los requisitos que establece el reglamento estatutario, varios de los accionistas minoritarios siguieron cuestionado la conveniencia de estos nombres en el directorio.

De hecho, Juan José Echavarría hizo lo propio durante su intervención, en representación de los siete miembros de la pasada junta que enviaron la carta mostrando su preocupación por la designación de la entonces plancha de candidatos.

“Tenemos serias dudas de que tengan las características necesarias para cumplir con lo que se nos encarga”, dijo, y argumentó que se deberían excluir a funcionarios vinculados directamente con el Estado, en referencia a Palma y a Roa que son viceministros, “dado que su proximidad con el Gobierno podría dar lugar a falta de independencia y objetividad en la toma de decisiones, generar conflictos de intereses y riesgos sobre la integridad de la información reservada”.

Asimismo, Echavarría fue enfático en que las juntas directivas de las empresas públicas deben estar protegidas de la interferencia política, que podría impedirles enfocarse en lograr los objetivos acordados.

Además, hay tres nombres del nuevo órgano directivo que siguen generando bastante ruido. Uno de ellos es el del viceministro de Trabajo, Edwin Palma, que fue expresidente de la Unión Sindical Obrera (Uso) y cuyo ingreso se daría gracias a los ajustes en los estatutos, que redujo de 15 a 12 años la experiencia profesional para integrar la junta.

También está Ángela María Robledo, senadora y fórmula vicepresidencial en la campaña de 2018 de Gustavo Petro. Algunos reprochan su falta de experiencia en el sector de hidrocarburos.

Por su parte, se encuentra la viceministra de Ambiente, Lilia Roa Avendaño, que aterrizó a ese cargo a principios de enero y es una conocida activista antifracking. Algunos creen que esta debió declararse impedida por adelantar una agenda en contra de la fracturación que efectúa, precisamente, Ecopetrol en Estados Unidos.

“Si se imponen las visiones ambientalista y sindical en la administración de la empresa, se entorpecería su desarrollo y se disminuirían las divisas que Colombia recibe por sus exportaciones. En consecuencia, se aumentaría la devaluación del peso y se daría una mayor inflación (...)”, reflexionó Kalmanovitz, en una columna de opinión en El Espectador.

Luz verde a ser una empresa de energía El último punto que se votó en la Asamblea fue el de reformar los estatutos, cuyo objetivo es que Ecopetrol haga el tránsito hacia el negocio energético y se convierta en la principal empresa de este sector en el país.

La propuesta, que fue aprobada, establece que Ecopetrol podrá “realizar la investigación, desarrollo y comercialización de fuentes convencionales y alternas de energía; la producción, mezcla, almacenamiento, transporte y comercialización de componentes oxigenantes y biocombustibles, la operación portuaria y la realización de cualesquiera actividades conexas”.

Esto se suma al objeto social de la empresa que le da la misión de desarrollar actividades de exploración y producción de hidrocarburos. Adicionalmente, se incluye la creación de seis nuevas actividades.

Dentro de estas se destaca el desarrollo y construcción de proyectos de generación de energía renovable, así como de hidrógeno para consumo tanto propio como de terceros.

Para esto, Ecopetrol ya venía abonando camino. Tanto así, que el 42% de las inversiones que realizará este 2024 se destinará a proyectos de transición energética (bajas emisiones, gas natural, descarbonización, transmisión eléctrica y vías).

Para Carlos Vasco, profesor de economía de la Universidad de Antioquia, si bien al ser su principal accionista, Ecopetrol debe reflejar las intenciones y metas del Gobierno Nacional, la apuesta de convertirse en una empresa de energía renovable sería riesgosa si se tiene en cuenta que no es el core de su negocio.

“La idea no es tan descabellada, siempre y cuando la mayoría de sus inversiones se dediquen a lo que saben, y no que dejen de buscar petróleo y gas, y que los recursos se vayan a asuntos que no son de su experticia. Estas energías alternativas no se deberían convertir en su principal actividad económica de manera abrupta. De otra manera, estaríamos dejando al país sin su principal empresa, la cual le genera unos ingresos importantes al Estado vía dividendos, impuestos y regalías, que luego son utilizados para el gasto público”, comentó Vasco.

A su turno, Julio César Vera, analista y presidente de la Fundación Xua Energy, opinó que no es errado que Ecopetrol avance en su transición, pero su negocio base debe seguir fuerte y consolidado, con incorporación de nuevas reservas que le permitan generar los recursos necesarios para crecer. Ricardo Roa defiende su administración Luego de horas de escuchar las críticas sobre su gestión y las investigaciones que la empañan, Ricardo Roa se refirió a los comentarios que sostiene que se está “destruyendo” a la petrolera.

El funcionario expuso los logros que tuvo la compañía en su ejercicio de 2023. “Logramos la producción más alta de petróleo de los últimos 8 años, aquí no estamos restringiendo ni recortando ni acabando. Y en algunos momentos obtuvimos producciones muy por encima de los 760.000 barriles día ¿Dónde está la Ecopetrol que estamos destruyendo?”, aseveró. Asimismo, sacó pecho por los “grandes récords” que ha reportado la petrolera, como las transferencias a la Nación, que, dijo, fueron las más altas en la historia de Ecopetrol, con $58 billones.

No obstante, el informe de Control Risk sigue generando dudas, pues se han revelado nombres de personas y empresas, en Colombia y Estados Unidos, interesadas en contratar con Ecopetrol y a las cuales Roa aparentemente estaría vinculado. En el documento se haría mención, por ejemplo, al nombre de Carlos Julián Caicedo, pareja de Roa, quien figura en la constitución de dos empresas en Bogotá y Miramar (La Florida, EE. UU.).

Así las cosas, la consultora británica no descarta posibles investigaciones formales contra Roa, de carácter administrativas, disciplinarias y/o penales, por sus presuntos conflictos de interés e influencia indebida para contratos de personas de su círculo cercano. No obstante, aunque se considera una renuncia, suspensión o separación del cargo, esta sería una posibilidad poco probable, por el respaldo del gobierno Petro al funcionario.

Fuente: El Colombiano