Los miembros de ese organismo debatirán la semana entrante un documento de 14 páginas al respecto, al que tuvo acceso Portafolio. La idea es discutirlo y presentarlo al presidente electo, Iván Duque Márquez.
Fuente: Portafolio
  
Al margen de los pedidos sectoriales y las preocupaciones sobre la marcha de la economía que tiene el empresariado para plantear al nuevo Gobierno, el Consejo Gremial Nacional, la máxima instancia de los gremios de la producción, estructura una propuesta que, a su juicio, mejoraría la situación macroeconómica y fiscal del país pero que, seguramente, ‘levantará ampolla’ y abrirá un intenso debate. Se trata de la enajenación de la participación de la Nación en Ecopetrol que hoy es del 88,49%.
 
Los miembros de ese organismo debatirán la semana entrante un documento de 14 páginas al respecto, al que tuvo acceso Portafolio. La idea es discutirlo y presentarlo al presidente electo, Iván Duque Márquez.
 
PROPUESTA ENAJENACIÓN ECOPETROL
 
Ponen sobre la mesa la conveniencia de la venta total o parcial de las acciones, aunque el texto se titula “Propuesta de enajenación de las acciones de la Nación en Ecopetrol”.
 
“Los argumentos expuestos a lo largo del documento giran en torno a la necesidad de garantizar la estabilidad macroeconómica y fiscal del país y al mismo tiempo contar con nuevos recursos que permitan a la Nación redireccionar recursos hacía usos mayor importancia estratégica para el crecimiento de largo plazo, como lo son las obras de infraestructura física”, señala.
 
La iniciativa aborda cinco temas. El primero tiene que ver con las implicaciones negativas para la macroeconomía y la estabilidad fiscal, el hecho de depender de una fuente tan volátil como la renta petrolera.
 
El segundo habla de la importancia del uso de los recursos públicos en la financiación de obras de infraestructura y la rentabilidad asociada a esas inversiones.
 
Como tercer aspecto, aparecen ejercicios iniciales de valoración de Ecopetrol, mientras que en el cuarto hace recomendaciones sobre el modelo de gestión de los recursos que se deriven de la enajenación. En quinto lugar, detalla aspectos legales a tenerse en cuenta para la venta, administración y uso del dinero.
 
ARGUMENTO
 
En lo que tiene que ver con las razones para que el Gobierno decida que la Nación salga de su participación en la empresa, el documento expone varias, teniendo en cuenta otros análisis de Anif y Fedesarrollo. Señala que “uno de los problemas de este tipo de productos es la alta volatilidad de los precios internacionales, lo que expone la economía a situaciones impredecibles, tanto de auge como de recesión”.
 
En cuanto a la dependencia, anota que en tiempos de auge aumentan los ingresos de la renta petrolera, que incluyen los impuestos que pagan las empresas de ese sector y los dividendos que recibe el Gobierno por su participación accionaria. “El problema es que esos ingresos extraordinarios no son ahorrados, sino que se destinan al gasto corriente”, agrega.
 
El documento que discutirán los miembros del Consejo Gremial añade que “aún cuando se aduce que los ingresos extraordinarios se utilizan en aumento del gasto social, lo cierto es que se crean gastos que tienden a ser permanentes, cuando los ingresos para financiarlos no lo son”.
 
Por otra parte, considera que el Gobierno debería dejar al sector privado la producción de bienes y servicios, salvo en circunstancias en las que existan fallas del mercado. De paso, resalta que existen buenas prácticas respecto al manejo de los recursos provenientes de fuentes volátiles como las de los precios de los productos básicos, y cita el ejemplo de Noruega.
 
DESTINO DE LOS RECURSOS
 
Los empresarios consideran que los recursos producto de la venta serían utilizados para financiar la construcción de infraestructura física de carácter estratégico para el país. El documento argumenta que en el fondo es una recomposición del activo público, desde una actividad en el sector de hidrocarburos, que no es de carácter estratégico ni consulta las necesidades de largo plazo de la Nación, hacía otro sector que supone la ampliación de la capacidad productiva del país, en aras de potenciar el desarrollo y el crecimiento económico hacia el futuro.
 
Para sustentar la tesis, señala que la venta de Isagen ya es una experiencia positiva de esa recomposición.
 
FONDO ADMINISTRADOR
 
El estudio del Consejo Gremial plantea la opción de manejar los recursos de la venta de Ecopetrol mediante la constitución de un fondo.
 
Bajo ese modelo se proponen dos alternativas. La primera es mantener la totalidad de los recursos en el Fondo y girar anualmente al Gobierno una porción de los rendimientos; y otra, ingresar gradualmente al país partes del capital y de los rendimientos del fondo, con el objetivo de financiar proyectos de inversión que se requieran en materia de infraestructura en las regiones.
 
En uno de sus apartes el estudio dice que tras la venta, la Nación perderá de manera definitiva los recursos provenientes de los dividendos de la empresa, pero no aquellos generados por impuestos y regalías.
 
“Esto implica -advierte- que la caída en los ingresos presentes y futuros, provenientes de las utilidades que se dejan de percibir, deben ser reemplazados, de manera obligatoria, al menos en el mediano plazo, por la desacumulación del fondo que se cree para el manejo de los recursos”.
 
Por último, dice que de tomarse la decisión de vender a Ecopetrol no se requeriría la expedición de nuevas normas.
 
VALORACIÓN ENTRE $130 BILLONES Y $160 BILLONES
 
Sobre la valoración de la petrolera, el documento indica que estimaciones preliminares de la Federación de Aseguradores Colombianos, Fasecolda, dan cuenta de que el valor actual de Ecopetrol puede estar entre los 130 y los 160 billones de pesos corrientes, “dependiendo, entre otras cosas, de la evolución del precio del barril, el volumen de producción, el tipo de cambio, la acumulación o desacumulación de reservas, el gasto en inversión, la tasa de éxito en las labores de prospección y exploración y el costo del capital.