FUENTE: LOS TIEMPOS
Ante el estado de emergencia de la CEPB, se llevó a cabo ayer el evento que aglutinó a 300 líderes empresariales, entre ellos, los máximos representantes de las nueve federaciones de empresarios privados del país. Desde 2015, el Gobierno y el sector privado vienen suscribiendo pactos. Entre los que figuran la cumbre agropecuaria del oriente, la libre exportación de productos con superávit, mesas de diálogo en 2016 y el acuerdo de 14 a finales de 2017. Casi ninguno muestra avances significativos.
El presidente de la CEPB, Ronald Nostas, informó que una delegación de esta confederación se encuentra en Suiza “activando los mecanismos legales correspondientes” para que el Gobierno deje sin efecto la Ley de Empresas Sociales y otras políticas que afectan al sector, como incrementos y dobles aguinaldos.
Según el titular del sector privado nacional, la realidad económica en Bolivia ha cambiado y las oportunidades se están perdiendo, por lo que se requiere ajustar el modo hacia uno inclusivo, “donde los empresarios y emprendedores tengamos un espacio para crear oportunidades y generar empleo digno”. “Lamentablemente, no encontramos en las autoridades de gobierno la voluntad ni la apertura que les haga comprender que ningún desarrollo es posible ni sostenible si se imponen mecanismos que busquen constreñir, precarizar, discriminar o marginar al sector privado de las políticas de desarrollo”, agregó Nostas.
El rechazo a dicha norma se manifiesta también en una de las conclusiones del Congreso, pues la CEPB señala que ésta atenta contra los derechos constitucionales y además es “un mecanismo arbitrario para entregar a unos lo que en propiedad corresponde a otros”. En contrapartida, los privados demandan la implementación inmediata de una política de empleo equilibrada y con participación plena de este sector en su elaboración para garantizar la creación y preservación de los empleos estables y la sostenibilidad de las empresas.
También pide trabajar en un plan para revertir la desaceleración económica del país. En tanto, el ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, defendió las “conquistas de los trabajadores del país”, como el incremento salarial, y ratificó que la política de redistribución económica que también favorece a los empresarios.
“Nosotros reiteramos que éste es un Gobierno de los trabajadores; tal vez a diferencia de los Gobiernos neoliberales, esos Gobiernos que eran Gobiernos de los banqueros, de los patrones, Gobiernos de los terratenientes, eso se acabó”, afirmó.
10 puntos en el congreso. El sector privado presentó un documento con 10 puntos que forman parte de la conclusión del congreso de Santa Cruz.
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Ante el estado de emergencia de la CEPB, se llevó a cabo ayer el evento que aglutinó a 300 líderes empresariales, entre ellos, los máximos representantes de las nueve federaciones de empresarios privados del país. Desde 2015, el Gobierno y el sector privado vienen suscribiendo pactos. Entre los que figuran la cumbre agropecuaria del oriente, la libre exportación de productos con superávit, mesas de diálogo en 2016 y el acuerdo de 14 a finales de 2017. Casi ninguno muestra avances significativos.
El presidente de la CEPB, Ronald Nostas, informó que una delegación de esta confederación se encuentra en Suiza “activando los mecanismos legales correspondientes” para que el Gobierno deje sin efecto la Ley de Empresas Sociales y otras políticas que afectan al sector, como incrementos y dobles aguinaldos.
Según el titular del sector privado nacional, la realidad económica en Bolivia ha cambiado y las oportunidades se están perdiendo, por lo que se requiere ajustar el modo hacia uno inclusivo, “donde los empresarios y emprendedores tengamos un espacio para crear oportunidades y generar empleo digno”. “Lamentablemente, no encontramos en las autoridades de gobierno la voluntad ni la apertura que les haga comprender que ningún desarrollo es posible ni sostenible si se imponen mecanismos que busquen constreñir, precarizar, discriminar o marginar al sector privado de las políticas de desarrollo”, agregó Nostas.
El rechazo a dicha norma se manifiesta también en una de las conclusiones del Congreso, pues la CEPB señala que ésta atenta contra los derechos constitucionales y además es “un mecanismo arbitrario para entregar a unos lo que en propiedad corresponde a otros”. En contrapartida, los privados demandan la implementación inmediata de una política de empleo equilibrada y con participación plena de este sector en su elaboración para garantizar la creación y preservación de los empleos estables y la sostenibilidad de las empresas.
También pide trabajar en un plan para revertir la desaceleración económica del país. En tanto, el ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, defendió las “conquistas de los trabajadores del país”, como el incremento salarial, y ratificó que la política de redistribución económica que también favorece a los empresarios.
“Nosotros reiteramos que éste es un Gobierno de los trabajadores; tal vez a diferencia de los Gobiernos neoliberales, esos Gobiernos que eran Gobiernos de los banqueros, de los patrones, Gobiernos de los terratenientes, eso se acabó”, afirmó.
10 puntos en el congreso. El sector privado presentó un documento con 10 puntos que forman parte de la conclusión del congreso de Santa Cruz.
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