El Grupo de Investigación en Sistemas Energéticos (GISE) presentó un informe sobre los escenarios previstos para el 2023, año de revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú, y cómo el país podría beneficiarse con un mejor aprovechamiento creando, por ejemplo, un banco nacional de desarrollo, como tienen en Brasil. También hablan de la creación de unos dos millones de nuevos empleos.
Fuente: ABC
   
En el 2023, cuando nuestro país haya saldado su deuda en Itaipú, tendrá acceso a una renta que dependerá en gran medida del acuerdo que se alcance al momento de renegociar el anexo C del tratado de la binacional y que podría servir para “apalancar” un banco nacional de desarrollo, como en otros países, entre ellos Brasil, según un informe hecho por el Grupo de Investigación en Sistemas Energéticos (GISE), que fue presentado ayer en la sede del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
 
El GISE es un organismo integrado por investigadores de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción. Según detalla el informe, pueden presentarse dos escenarios y que en cualquiera de ellos nuestro país debe desplegar una estrategia que le permita usar su excedente de energía para lograr una inversión en educación del 7% del Producto Interno Bruto (PIB) e invertir alrededor de US$ 20.000 millones en infraestructura (ver infografía). En cuanto al banco de desarrollo, este podría constituirse inicialmente con un fondo de alrededor de 25.000 millones de dólares, según sus cálculos, y potenciar el sector eléctrico a través de créditos.
 
El boletín que se denomina “A 5 años de prender o apagar el país”, menciona que uno de los escenarios que podría presentarse en 2023, cuando se revise las disposiciones del Anexo C d el tratado, es que las tarifas se mantengan en el nivel actual, en cuyo caso Paraguay tendrá una renta aproximada de US$ 1.000 millones adicionales por año, o que no se modifique su costo de servicio, caso en el que la tarifa de Itaipú bajará un 60%.
 
En el segundo escenario, es decir, en el que no se produzcan cambios y se mantengan los componentes actuales del Costo de Servicio de Electricidad (CUSE), excluyendo la deuda ya saldada, la estrategia para sacar provecho deberá ser otra y el GISE apunta principalmente a impulsar el mayor desarrollo de la industria, lo que permitirá crear 2 millones de empleos nuevos.
 
Durante la exposición de estas conclusiones, el director del GISE, el doctor Gerardo Blanco, aseguró que el “remedio” para el desarrollo económico social puede surgir de nuestra propia tierra.
 
“A través de la energía eléctrica que actualmente el país cede a Brasil o a Argentina estaríamos en condiciones de propiciar dos millones de puestos de trabajo directos y adicionalmente, con este desarrollo industrial intensivo, se posibilitaría la cuadruplicación del Producto Interno Bruto” (PIB), explicó Blanco. El informe estará disponible más adelante en la web www.pol.una.py.
 
Convergencia “histórica” de bonos
 
El informe presentado por el Grupo de Investigación en Sistemas Energéticos (GISE) señala que Paraguay está ante una oportunidad única, con la convergencia de dos bonos: el demográfico y el energético.
 
“Estos bonos tienen fecha de caducidad coincidente, por lo que actualmente existe una ventana de oportunidad única que puede ser la bujía que encienda la chispa que inicie definitivamente el desarrollo de Paraguay”, dice el boletín.
 
Agrega que Paraguay debe concentrar sus esfuerzos en propiciar un agresivo crecimiento industrial que posibilite su despegue en términos de desarrollo económico y social. “No obstante, está igualmente claro que esto debe ser propiciado por una política de Estado de largo plazo en la búsqueda de superar importantes obstáculos para sentar las bases de dicha transición productiva”.
 
Igualmente detalla que según los índices internacionales de competitividad, urge adecuar varios factores habilitantes, entre los cuales se encuentran: fortalecer la institucionalidad del sector privado y público, mejorar de forma intensiva la formación de la mano de obra (educación) y desarrollar elevadas inversiones en infraestructura. “Para todo esto es vital el acceso a medios de financiamiento en el país”, señala.
 
Finalmente, sostiene que el país cuenta con una oportunidad histórica que constituye la revisión del anexo C del Tratado de Itaipú.