FUENTE: EL DIARIO
La campaña iniciada por el Gobierno para neutralizar la protesta de amplios sectores de la población boliviana se prolongó por cuatro días y ayer seguían difundiéndose los spots en algunos canales nacionales de televisión. CONGRESISTAS Los congresistas de oposición, Amilcar Barral y Arturo Murillo, explicaron que parte de los fondos provienen de los descuentos mensuales del 10% que se impone a los funcionarios estatales. También señalaron que debe considerarse otros gastos en que incurre el Gobierno con el uso ilegal y arbitrario de bienes del Estado, para fines del oficialismo.
Los entrevistados señalaron, por separado, que no tienen cifras de los gastos que hicieron las autoridades del MAS en sus concentraciones a nivel nacional, a la que asistieron funcionarios públicos y dirigentes de las organizaciones sociales, pero también obligaron a muchos ciudadanos a sumarse al acto, para luego repartir fichas, como fue el caso de Potosí, y también La Paz. Según Barral, se obligó a los funcionarios a asistir a las diferentes concentraciones, y se les dio libre a partir de las 10.30 horas, pero a cuenta de sus vacaciones, y en otros fueron amenazados con despidos, sino acudían a las concentraciones, típicas acciones de los gobiernos del pasado.
AMENAZAS La gente del área rural fue prácticamente obligada bajo amenaza de que sí no asistían a los mitines se les iba a quitar sus propiedades, y también pidieron aportes para el transporte de la militancia desde las áreas rurales. Por ejemplo, algunos funcionarios, que no quisieron ser identificados por razones obvias, indicaron que la contratación de la amplificación en la plaza San Francisco, tuvo un costo de más de 20.000 bolivianos, donde hubo una alta profusión de bebidas espirituosas.
PROGRAMA CABILDEO De acuerdo con el portal de la periodista Amalia Pando, el Ministerio de Comunicación gastó en publicidad y propaganda contra los médicos y a favor del código penal, la suma de 6,5 millones de bolivianos. En el caso de las concentraciones, los entrevistados coincidieron, que los aportes, son casi usuales en los partidos políticos, por lo que no se puede conocer a ciencia cierta la suma exacta de los gastos y recaudaciones.
BIENES DEL ESTADO Mientras tanto, Murillo apuntó al uso ilegal de los bienes del Estado para sus concentraciones, ya que se observó que vehículos oficiales repartían refrigerios a los asistentes y que de la Vicepresidencia también distribuyeron miles de sándwiches.
La campaña iniciada por el Gobierno para neutralizar la protesta de amplios sectores de la población boliviana se prolongó por cuatro días y ayer seguían difundiéndose los spots en algunos canales nacionales de televisión. CONGRESISTAS Los congresistas de oposición, Amilcar Barral y Arturo Murillo, explicaron que parte de los fondos provienen de los descuentos mensuales del 10% que se impone a los funcionarios estatales. También señalaron que debe considerarse otros gastos en que incurre el Gobierno con el uso ilegal y arbitrario de bienes del Estado, para fines del oficialismo.
Los entrevistados señalaron, por separado, que no tienen cifras de los gastos que hicieron las autoridades del MAS en sus concentraciones a nivel nacional, a la que asistieron funcionarios públicos y dirigentes de las organizaciones sociales, pero también obligaron a muchos ciudadanos a sumarse al acto, para luego repartir fichas, como fue el caso de Potosí, y también La Paz. Según Barral, se obligó a los funcionarios a asistir a las diferentes concentraciones, y se les dio libre a partir de las 10.30 horas, pero a cuenta de sus vacaciones, y en otros fueron amenazados con despidos, sino acudían a las concentraciones, típicas acciones de los gobiernos del pasado.
AMENAZAS La gente del área rural fue prácticamente obligada bajo amenaza de que sí no asistían a los mitines se les iba a quitar sus propiedades, y también pidieron aportes para el transporte de la militancia desde las áreas rurales. Por ejemplo, algunos funcionarios, que no quisieron ser identificados por razones obvias, indicaron que la contratación de la amplificación en la plaza San Francisco, tuvo un costo de más de 20.000 bolivianos, donde hubo una alta profusión de bebidas espirituosas.
PROGRAMA CABILDEO De acuerdo con el portal de la periodista Amalia Pando, el Ministerio de Comunicación gastó en publicidad y propaganda contra los médicos y a favor del código penal, la suma de 6,5 millones de bolivianos. En el caso de las concentraciones, los entrevistados coincidieron, que los aportes, son casi usuales en los partidos políticos, por lo que no se puede conocer a ciencia cierta la suma exacta de los gastos y recaudaciones.
BIENES DEL ESTADO Mientras tanto, Murillo apuntó al uso ilegal de los bienes del Estado para sus concentraciones, ya que se observó que vehículos oficiales repartían refrigerios a los asistentes y que de la Vicepresidencia también distribuyeron miles de sándwiches.