Página Siete  / La Paz

  

"No habría ninguna razón que justifique la inclusión de las empresas como sujetos de persecución y sanción penal, y menos la aplicación de sanciones más allá de las pecuniarias en el fuero administrativo, civil o comercial; y de ser ésa la tendencia del nuevo Código, el sector empresarial se opondría radicalmente, con  base en argumentos jurídicos que nos rigen y protegen, en el ámbito nacional e internacional”, declaró el presidente de la CEPB a través de un comunicado.

 

Reiteró que antes de emitir una posición definitiva, es necesario conocer en profundidad el contenido de la propuesta de norma y recordó que, actualmente, las empresas están reguladas por normas como las leyes tributaria, laboral, de defensa del consumidor, de medio ambiente, de transparencia y otras, además de los Códigos Civil y de Comercio 

 

"Cuando se vulneran estas normas, las empresas son sometidas a diferentes procesos para determinar su responsabilidad e imponerles penas pecuniarias, es decir, una sanción patrimonial, con el propósito de que se asuman las consecuencias del hecho ilícito, a través del resarcimiento al daño ocasionado”, explicó.

 

Además, Ronald Nostas aclaró que una empresa es un conjunto de cientos de trabajadores, socios, gerentes y administradores, y una sanción penal "afectaría a todos”, por lo que manifestó su rechazo.