FUENTE: LA PRENSA
Según Telésforo Guzmán, presidente de defensa del territorio Masicurí, Vado del Yeso será la más afectada, porque quedará unos 50 metros bajo el agua.
ENDE aún no respondió el pedido de información de este medio. También serán inundadas, aunque en menor grado según la distancia a la que se encuentren de la represa, las comunidades de Toco, Peñones, Laja, Arenales, La Junta, Ñancahuazú, San Marcos, Mosquera, Yumao, Masicurí y Moroco, todas en la provincia Vallegrande y Cordillera. Según el representante de los comunarios, Telésforo Guzmán, serán afectadas más de 500 familias. El responsable de comunicación de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), Johnny Banda, pidió a este medio que las consultas sean enviadas por correo electrónico pero, hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta.
El dirigente indicó que la inundación de las comunidades es inevitable y ya se sabía hace al menos un año y medio, puesto que los dirigentes sostuvieron varias reuniones con representantes de la empresa española Eptisa, que se adjudicó en marzo de 2015 la elaboración del diseño hidroeléctrico, y que se les explicó las implicaciones de la obra. Guzmán aclaró que no se oponen a la construcción de la hidroeléctrica y que una de sus propuestas a ENDE fue construir la represa en los cajones de Las Frías, a siete kilómetros del lugar establecido. Sin embargo, Basilio Montaño, vicepresidente de la Organización Territorial de Base (OTB) Arenales, dijo que ni el Gobierno ni ENDE les dieron respuesta y que, sin previa socialización con los afectados, firmaron el contrato con la empresa china Asociación Accidental Rositas para la ejecución de la “Ingeniería, Suministro, Construcción, Montaje Pruebas y Puesta en Marcha” de la hidroeléctrica. “Nosotros pedimos la socialización conforme a ley con todas las comunidades y eso no se está cumpliendo, ellos dijeron que se iba a hacer la socialización en base a todo lo que se tiene y lo que se produce y cuánta gente iba a ser afectada”, afirmó.
Como lo más seguro es que se mantenga el lugar en el que se fijó la construcción de la hidroeléctrica, los afectados consideran que el Gobierno debe dotarles de nuevos terrenos dentro de la provincia de Vallegrande a las 500 familias afectadas. “(Necesitamos) que nos digan qué van a hacer con nosotros, que nos socialicen, y que nuestra gente esté de acuerdo, que nos propongan mejores condiciones para que podamos vivir dignamente”, agregó Montaño.
Guzmán sostuvo que el actual Jefe de la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos, Edmundo Novillo, visitó el lugar y, reunidos con representantes de ENDE y Eptisa, informó a los comunarios que, una vez culminado el estudio, se hará una etapa de socialización y evaluación para determinar las indemnizaciones. No obstante, esa promesa no se cumplió y Guzmán considera que las autoridades pretenden “pasar por encima” de ellos.
TÍTULOS ESTANCADOS
Otro de los problemas que tienen estas comunidades es el estancamiento en la emisión de los títulos de propiedad de sus terrenos que otorga el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), por lo que consideran que se pueda tratar “de una estrategia del Gobierno” para no responder de la manera que ellos consideran adecuada. “Queremos que el Gobierno y la empresa (en alusión a la española Eptisa) se pronuncien porque se comprometieron a gestionar los títulos, pero hasta el momento no hay nada”, agregó Montaño.
Según Telésforo Guzmán, presidente de defensa del territorio Masicurí, Vado del Yeso será la más afectada, porque quedará unos 50 metros bajo el agua.
ENDE aún no respondió el pedido de información de este medio. También serán inundadas, aunque en menor grado según la distancia a la que se encuentren de la represa, las comunidades de Toco, Peñones, Laja, Arenales, La Junta, Ñancahuazú, San Marcos, Mosquera, Yumao, Masicurí y Moroco, todas en la provincia Vallegrande y Cordillera. Según el representante de los comunarios, Telésforo Guzmán, serán afectadas más de 500 familias. El responsable de comunicación de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), Johnny Banda, pidió a este medio que las consultas sean enviadas por correo electrónico pero, hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta.
El dirigente indicó que la inundación de las comunidades es inevitable y ya se sabía hace al menos un año y medio, puesto que los dirigentes sostuvieron varias reuniones con representantes de la empresa española Eptisa, que se adjudicó en marzo de 2015 la elaboración del diseño hidroeléctrico, y que se les explicó las implicaciones de la obra. Guzmán aclaró que no se oponen a la construcción de la hidroeléctrica y que una de sus propuestas a ENDE fue construir la represa en los cajones de Las Frías, a siete kilómetros del lugar establecido. Sin embargo, Basilio Montaño, vicepresidente de la Organización Territorial de Base (OTB) Arenales, dijo que ni el Gobierno ni ENDE les dieron respuesta y que, sin previa socialización con los afectados, firmaron el contrato con la empresa china Asociación Accidental Rositas para la ejecución de la “Ingeniería, Suministro, Construcción, Montaje Pruebas y Puesta en Marcha” de la hidroeléctrica. “Nosotros pedimos la socialización conforme a ley con todas las comunidades y eso no se está cumpliendo, ellos dijeron que se iba a hacer la socialización en base a todo lo que se tiene y lo que se produce y cuánta gente iba a ser afectada”, afirmó.
Como lo más seguro es que se mantenga el lugar en el que se fijó la construcción de la hidroeléctrica, los afectados consideran que el Gobierno debe dotarles de nuevos terrenos dentro de la provincia de Vallegrande a las 500 familias afectadas. “(Necesitamos) que nos digan qué van a hacer con nosotros, que nos socialicen, y que nuestra gente esté de acuerdo, que nos propongan mejores condiciones para que podamos vivir dignamente”, agregó Montaño.
Guzmán sostuvo que el actual Jefe de la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos, Edmundo Novillo, visitó el lugar y, reunidos con representantes de ENDE y Eptisa, informó a los comunarios que, una vez culminado el estudio, se hará una etapa de socialización y evaluación para determinar las indemnizaciones. No obstante, esa promesa no se cumplió y Guzmán considera que las autoridades pretenden “pasar por encima” de ellos.
TÍTULOS ESTANCADOS
Otro de los problemas que tienen estas comunidades es el estancamiento en la emisión de los títulos de propiedad de sus terrenos que otorga el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), por lo que consideran que se pueda tratar “de una estrategia del Gobierno” para no responder de la manera que ellos consideran adecuada. “Queremos que el Gobierno y la empresa (en alusión a la española Eptisa) se pronuncien porque se comprometieron a gestionar los títulos, pero hasta el momento no hay nada”, agregó Montaño.