Fuente: El Observador
Los miembros opositores en la comisión investigadora han denunciado también presunciones de corrupción, con tres casos que se encaminan a la Justicia penal. Uno es el de la radio Quebracho. Aunque la suma involucrada es mínima, la gravedad del tema deriva de aparente amiguismo partidario en la entrega de recursos públicos para publicidad en una emisora que no había iniciado aún sus operaciones. Otra es el gasto de US$ 372 mil en la fiesta de inauguración de la planta desulfurizadora, en la que el senador Pablo Mieres dijo que “todo indica” que se pagaron sobreprecios. El tercero se refiere a boletas que, según Mieres, muestran duplicación de gastos.
En los tres casos está involucrada la agencia de publicidad del ente, La Diez. Pero no menos grave, y ciertamente de mucho mayor volumen financiero, es la denuncia de Mieres de que técnicos de su Partido Independiente concluyeron que, especialmente entre 2012 y 2014, ANCAP hizo compras de petróleo a un costo por encima de los precios de referencia en el mercado internacional. Se agregan los jugueteos contables con los balances de ALUR para esconder los déficits operativos de esa empresa del ente petrolero y obras que terminaron costando muy por encima de lo anunciado. Como resultado de la mala gestión, ANCAP acumuló en los últimos cuatro años pérdidas por US$ 600 millones, con déficit anticipado también para este año. La argumentación del expresidente del ente y actual vicepresidente, Raúl Sendic, de que los déficits fueron generados por los aportes al gobierno central para subsidiar el transporte han sido categóricamente refutados por el Ministerio de Economía. Las obvias ineficiencias no conducirán al cierre de esta vaca sagrada del altar estatal, como ocurriría inevitablemente en cualquier empresa privada en las mismas condiciones. Pero la actual investigación parlamentaria debe tener ahora, por lo menos, consecuencias que mejoren el negro panorama de ANCAP. Al margen de las responsabilidades que establezca eventualmente la comisión parlamentaria, corresponde esperar que quienes conducen actualmente la empresa, y quienes los sucedan en el futuro, se ajusten a las normas de buena administración en reemplazo del descuido con que se la ha manejado y que, en el mejor de los casos, surge como la culpa mayor a menos que se comprueben irregularidades de tinte corrupto.
La reacción debe incluir al Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio, que aprobó ingenuamente este mes una ofensiva informativa para combatir lo que describió como embates muy fuertes contra las empresas públicas. Ninguna campaña informativa podrá disfrazar los múltiples traspiés de gestión en que ha reincidido ANCAP una y otra vez. Ya que la empresa seguirá existiendo en el futuro previsible, lo que la alianza de izquierda debería hacer es asegurar que sus directores y gerentes principales empiecen a aplicar, en forma rigurosa y sin desvíos ni displicencias, las normas básicas de buena administración que presumiblemente conocen pero que frecuentemente han sido dejadas de lado, hecho que ahora impide que la sociedad uruguaya se beneficie de la baja fenomenal del precio del petróleo pues es necesario recomponer las alicaídas finanzas del ente.
Los miembros opositores en la comisión investigadora han denunciado también presunciones de corrupción, con tres casos que se encaminan a la Justicia penal. Uno es el de la radio Quebracho. Aunque la suma involucrada es mínima, la gravedad del tema deriva de aparente amiguismo partidario en la entrega de recursos públicos para publicidad en una emisora que no había iniciado aún sus operaciones. Otra es el gasto de US$ 372 mil en la fiesta de inauguración de la planta desulfurizadora, en la que el senador Pablo Mieres dijo que “todo indica” que se pagaron sobreprecios. El tercero se refiere a boletas que, según Mieres, muestran duplicación de gastos.
En los tres casos está involucrada la agencia de publicidad del ente, La Diez. Pero no menos grave, y ciertamente de mucho mayor volumen financiero, es la denuncia de Mieres de que técnicos de su Partido Independiente concluyeron que, especialmente entre 2012 y 2014, ANCAP hizo compras de petróleo a un costo por encima de los precios de referencia en el mercado internacional. Se agregan los jugueteos contables con los balances de ALUR para esconder los déficits operativos de esa empresa del ente petrolero y obras que terminaron costando muy por encima de lo anunciado. Como resultado de la mala gestión, ANCAP acumuló en los últimos cuatro años pérdidas por US$ 600 millones, con déficit anticipado también para este año. La argumentación del expresidente del ente y actual vicepresidente, Raúl Sendic, de que los déficits fueron generados por los aportes al gobierno central para subsidiar el transporte han sido categóricamente refutados por el Ministerio de Economía. Las obvias ineficiencias no conducirán al cierre de esta vaca sagrada del altar estatal, como ocurriría inevitablemente en cualquier empresa privada en las mismas condiciones. Pero la actual investigación parlamentaria debe tener ahora, por lo menos, consecuencias que mejoren el negro panorama de ANCAP. Al margen de las responsabilidades que establezca eventualmente la comisión parlamentaria, corresponde esperar que quienes conducen actualmente la empresa, y quienes los sucedan en el futuro, se ajusten a las normas de buena administración en reemplazo del descuido con que se la ha manejado y que, en el mejor de los casos, surge como la culpa mayor a menos que se comprueben irregularidades de tinte corrupto.
La reacción debe incluir al Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio, que aprobó ingenuamente este mes una ofensiva informativa para combatir lo que describió como embates muy fuertes contra las empresas públicas. Ninguna campaña informativa podrá disfrazar los múltiples traspiés de gestión en que ha reincidido ANCAP una y otra vez. Ya que la empresa seguirá existiendo en el futuro previsible, lo que la alianza de izquierda debería hacer es asegurar que sus directores y gerentes principales empiecen a aplicar, en forma rigurosa y sin desvíos ni displicencias, las normas básicas de buena administración que presumiblemente conocen pero que frecuentemente han sido dejadas de lado, hecho que ahora impide que la sociedad uruguaya se beneficie de la baja fenomenal del precio del petróleo pues es necesario recomponer las alicaídas finanzas del ente.