En caso de omisión, aplicará una multa del 200 por ciento en relación al tributo.

Este impuesto se aplica a personas que poseen un patrimonio mayor a 30 millones de bolivianos. Aunque el Gobierno nacional destaca la medida, los especialistas observan efectos adversos como el desincentivo a la inversión privada.

El presidente de SIN, Mario Cazón, informó que la institución ejercerá su facultad de investigar y fiscalizar para determinar quiénes no están inscribiéndose al pago del tributo.

Fuente: Los Tiempos

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