Menacho reivindicó los derechos de los trabajadores mineros, tanto asalariados como cooperativistas, que fueron vulnerados por la empresa boliviana Comsur, luego denominada Sinchi Wayra.
Redacción central / Cambio 

En instalaciones de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), en París (Francia), comenzó la Audiencia de Jurisdicción y Fondo que se realizará hasta el 23 de mayo, en el arbitraje internacional de inversiones iniciado por la transnacional Glencore Finance (Bermuda) contra el Estado Plurinacional de Bolivia.
 
La demanda fue interpuesta por la transnacional con relación a tres activos estatales que fueron transferidos a fines de los años 90 a manos del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada: las fundiciones de estaño y antimonio de Vinto y el centro minero de Colquiri, precisa un boletín de prensa de la Procuraduría General del Estado.
 
La audiencia comenzó con la intervención de los abogados de la firma Glencore, representada por el estudio jurídico Freshfields Bruckhaus Deringer US LLP, seguida por la presentación de los argumentos del equipo de defensa legal del Estado boliviano, encabezado por el procurador general del Estado, Pablo Menacho, y el profesor Eduardo Silva-Romero, líder del equipo de arbitraje del estudio jurídico internacional Dechert (París) LLP.
 
Este caso se basa en una demanda completamente abusiva presentada por una subsidiaria de la transnacional suiza Glencore International AG, la compañía vacía creada en un paraíso fiscal, Glencore Finance (Bermuda) Limited, que intenta usar este arbitraje de inversión como una póliza de seguro de su propia mala administración y conflictos sociales creados en Bolivia.
 
Menacho reivindicó los derechos de los trabajadores mineros, tanto asalariados como cooperativistas, que fueron vulnerados por la empresa boliviana Comsur, luego denominada Sinchi Wayra.
 
Durante el alegato de apertura, el procurador hizo conocer al Tribunal la adquisición ilegal de los activos en litigio por parte del exmandatario Sánchez de Lozada, que a la fecha enfrenta un juicio de responsabilidades. “Sánchez de Lozada jugó un papel fundamental para estructurar, en su propio beneficio, la privatización y posterior adquisición de los tres bienes”, manifestó Menacho.