“Sin azul, no hay verde; y sin verde, no hay nosotros”, fue una de las frases con las que ayer se lanzó oficialmente la cumbre COP25 en La Moneda. El evento internacional, que reunirá a los principales exponentes sobre el cambio climático, se realizará en diciembre, en el Parque Bicentenario de Cerrillos.
Fuente: El Mercurio 
   
Y a ocho meses de la cita, Chile enfrenta puntos pendientes en materia medioambiental. Según el índice Climate Action Tracker (CAT), que elaboran tres centros internacionales de investigación y que monitorea a 32 naciones en estos aspectos, el país califica como “altamente insuficiente”, debido a que los compromisos que adquirió con el Acuerdo de París (2016) no son suficientes para las metas de reducir el calentamiento global.
 
El debate
 
Aunque valoró la realización de la COP25 en el país, el senador Juan Ignacio Latorre (RD) planteó que “tenemos muchas deudas pendientes: no firmamos el Acuerdo de Escazú, todavía no existen leyes sobre biodiversidad y la misma Ley Marco sobre el Cambio Climático está todavía en tramitación muy lenta”.
 
La senadora Carolina Goic (DC), integrante de la comisión de Desafíos del Futuro, afirmó que se necesita “coherencia” y que si bien resalta “la realización de la cumbre, necesitamos acciones concretas, y hoy estamos ad portas de permitir la instalación de salmonicultura en las aguas del canal Beagle”.
 
Los comentarios respecto de las tareas pendientes también emergen en las organizaciones medioambientales.
 
Matías Asun, director nacional de Greenpeace, asegura que, en términos generales, lo que el país está haciendo “en materia de protección oceánica, ecosistemas vulnerables y reducción de emisiones del sector energético está muy atrasado”.
 
Plantea que los mecanismos para “ser carbononeutrales tampoco son del todo sustentables. Por ejemplo, la producción de bosques está asociada a plantaciones forestales, que son caldo de cultivo para incendios y que deterioran las reservas de agua del país”.
 
Ezio Costa, director ejecutivo de la ONG Fima, asegura que el cierre de las termoeléctricas a carbón antes de 2030 es un tema “que hemos levantado con mucha fuerza, porque se vincula tanto con el cambio climático, por los gases de efecto invernadero, como con los daños locales en las zonas de sacrificio”.
 
Añade que existe “poca claridad sobre cuál será el cronograma con el que se cerrarán estas industrias”.
 
Eduardo Bustos, director de extensión del Centro de Cambio Global de la UC, reflexiona que Chile podría mejorar en los índices medidos por el Climate Action Tracker, ya que “el aumento en la ambición climática del Gobierno aún no está expresado en una cifra concreta que actualice lo suscrito en el Acuerdo de París”.
 
Para la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, hay “una agenda importante y amplia” de compromisos.
 
En esa línea, comprometió el ingreso de la Ley Marco de cambio climático para fines de agosto, junto con delinear que las prioridades en materia legislativa se centrarán en sacar adelante los proyectos referidos a la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas -impulsado en el gobierno de Michelle Bachelet- y la ley de delitos ambientales, “que estamos tramitando con urgencia en el Senado”.
 
Ayer, la ministra Schmidt se reunió con el vicecanciller de Italia, Guglielmo Picchi, de visita en Chile, quien anunció que su país se comprometió a cofinanciar la participación de los países menos desarrollados en COP25 con una contribución de un millón de euros. La ministra está realizando una campaña para compartir los costos organizativos de la cumbre.