Con un precio del petróleo que fluctúa alrededor de 74 dólares por barril, aumentan las expectativas de mayores ingresos fiscales, lo que permitiría pagar más rápido la deuda pública e impulsar el crecimiento económico del país.
Fuente: La Hora
   
Además, según el Bank of America Merril Lynch, para el segundo trimestre de 2019, el precio del crudo podría alcanzar los 90 dólares, como consecuencia de las sanciones que el Gobierno de Donald Trump busca imponer sobre Irán.
 
Otro factor que mantendría en niveles altos el valor internacional del crudo es la decisión de aumentar en un millón de barriles la cuota de producción de los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).
 
El ministro de Energía y Recursos no Renovables, Carlos Pérez, explicó que la demanda por petróleo seguirá siendo, al menos hasta el mediano plazo, mayor a la oferta, incluso con el aumento de la producción de la OPEP, por lo que los precios se mantendrían al menos por encima de los 72 dólares por barril.
 
Esta evolución positiva de los precios, hasta mayo de este año, provocó que, por ingresos petroleros, el Estado recibiera 771 millones de dólares, lo que representa 45% de lo presupuestado para todo 2018.
 
Según un análisis de la Corporación de Estudios para el Desarrollo (Cordes), sin embargo, aunque un eventual aumento en el precio constituiría una buena noticia para el país, también podría convertirse en un riesgo para las metas de austeridad fiscal y reducción del déficit.
 
“Si los pronósticos se cumplen, el Gobierno debe vencer la tentación de volver a postergar el ajuste del gasto, dándose por satisfecho con registrar un equilibrio primario en el presupuesto”, puntualizó el análisis.
 
Detalles del análisis
 
Este riesgo, según José Hidalgo, director de Cordes, puede ser minimizado a través del fortalecimiento y la concreción de las reglas macrofiscales establecidas en la Ley económica. 
 
“El periodo de estabilización fiscal, hasta 2021, no debe limitarse al resultado primario del Presupuesto (la diferencia entre ingresos y gastos, dejando de lado el pago de intereses), sino incorporar también un compromiso específico, creíble y verificable de recorte del gasto. Por ejemplo, una meta mínima de recorte para cada año, sin importar lo que ocurra con los ingresos”, contó.
 
Además, para asegurar que los ingresos excedentes por el precio del petróleo no se dilapiden, otra de las propuestas es que el fondo de estabilización, incluido en el periodo de sostenibilidad a largo plazo, se constituya, de preferencia en 2019, y no en 2025 o más tarde.
 
Esto, no solo servirá para dejar atrás el carácter procíclico que tuvo la política fiscal del anterior Gobierno, sino también para enviar a los agentes económicos una señal contundente sobre el compromiso del Gobierno para encauzar a las finanzas públicas. (JS)