FUENTE: LOS TIEMPOS
El caso se remonta a 16 años cuando la firma chilena se encargaba de la exploración del mineral no metálico de ulexita en el Salar de Uyuni, en Potosí, a través de una sociedad con Non-Metallin Minerales SA. En 2004, tras la emisión del Decreto Supremo 27589 durante el Gobierno de Carlos Mesa, se determinó revertir las concesiones mineras que tenía Quiborax.
A la conclusión del proceso que duró casi 10 años, el caso derivó en acusaciones cruzadas sobre las responsabilidades por el pago millonario que tuvo que realizar el Estado. Las inculpaciones de las instituciones gubernamentales se centraron en la gestión de Mesa, contra quien se presentó ayer la proposición acusatoria ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para dar paso a un juicio por este caso.
El expresidente por su parte denunció en reiteradas oportunidades que existió un deficiente rol de la Procuraduría en defender los intereses de Bolivia y expresó que la determinación de la Fiscalía confirma que existe “persecución judicial a título de investigación”.
A continuación se presenta una línea de tiempo interactiva con los hitos sobre este caso.
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El caso se remonta a 16 años cuando la firma chilena se encargaba de la exploración del mineral no metálico de ulexita en el Salar de Uyuni, en Potosí, a través de una sociedad con Non-Metallin Minerales SA. En 2004, tras la emisión del Decreto Supremo 27589 durante el Gobierno de Carlos Mesa, se determinó revertir las concesiones mineras que tenía Quiborax.
A la conclusión del proceso que duró casi 10 años, el caso derivó en acusaciones cruzadas sobre las responsabilidades por el pago millonario que tuvo que realizar el Estado. Las inculpaciones de las instituciones gubernamentales se centraron en la gestión de Mesa, contra quien se presentó ayer la proposición acusatoria ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para dar paso a un juicio por este caso.
El expresidente por su parte denunció en reiteradas oportunidades que existió un deficiente rol de la Procuraduría en defender los intereses de Bolivia y expresó que la determinación de la Fiscalía confirma que existe “persecución judicial a título de investigación”.
A continuación se presenta una línea de tiempo interactiva con los hitos sobre este caso.
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