FUENTE: PÁGINA SIETE
La justicia negó la cesación a la detención domiciliaria del expresidente de la petrolera YPFB, Guillermo Achá, y permanecerá en esa condición en la ciudad de La Paz. La defensa apelará esta medida porque su familia, su domicilio y su trabajo se encuentran en Santa Cruz. “La defensa solicitó el levantamiento a la detención domiciliaria en favor de Guillermo Achá, porque se demostró que tiene su familia, trabajo y domicilio en Santa Cruz”, declaró el abogado Héctor Castellón. Achá está imputado por los delitos de incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y conducta antieconómica por irregularidades en el proceso de adjudicación de la empresa italiana Drillmec, para la adquisición de tres equipos de perforación. Él guarda detención domiciliaria desde el 25 de junio.
La defensa del exejecutivo apelará la decisión y justificó que tiene derecho a su familia y al trabajo considerando que tiene varias obligaciones. Por ejemplo, una deuda bancaria o el pago de pensiones para su hijo. “Hemos señalado que está viviendo de la caridad de sus papás pese a que es una persona profesional y que tiene un trabajo acreditado”. Sin embargo, el juez rechazó estos argumentos.
“El juez nos pidió que demostremos que él está en un estado de necesidad, que esta incurriendo en una pobreza franciscana para darnos una modificación (...). Nos dicen que un proceso penal debe menoscabar el tema moral, físico, familiar y económico”, dijo.
La justicia negó la cesación a la detención domiciliaria del expresidente de la petrolera YPFB, Guillermo Achá, y permanecerá en esa condición en la ciudad de La Paz. La defensa apelará esta medida porque su familia, su domicilio y su trabajo se encuentran en Santa Cruz. “La defensa solicitó el levantamiento a la detención domiciliaria en favor de Guillermo Achá, porque se demostró que tiene su familia, trabajo y domicilio en Santa Cruz”, declaró el abogado Héctor Castellón. Achá está imputado por los delitos de incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y conducta antieconómica por irregularidades en el proceso de adjudicación de la empresa italiana Drillmec, para la adquisición de tres equipos de perforación. Él guarda detención domiciliaria desde el 25 de junio.
La defensa del exejecutivo apelará la decisión y justificó que tiene derecho a su familia y al trabajo considerando que tiene varias obligaciones. Por ejemplo, una deuda bancaria o el pago de pensiones para su hijo. “Hemos señalado que está viviendo de la caridad de sus papás pese a que es una persona profesional y que tiene un trabajo acreditado”. Sin embargo, el juez rechazó estos argumentos.
“El juez nos pidió que demostremos que él está en un estado de necesidad, que esta incurriendo en una pobreza franciscana para darnos una modificación (...). Nos dicen que un proceso penal debe menoscabar el tema moral, físico, familiar y económico”, dijo.