FUENTE: EL DEBER
Los coimputados aseguraron que el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Guillermo Achá, habría dado ‘poder soberano’ a la gerenta Legal Corporativa de YPFB Andina, Carmen Lola Tellería, para que participe en varias instancias del proceso de licitación en la compra de tres taladros a la empresa italiana Drillmec Spa, según reveló la Fiscalía. Pero la estatal petrolera niega haber dado esa potestad. La comisión de fiscales investiga las acciones de una veintena de funcionarios de la estatal petrolera, que haya sido partícipe de presuntas acciones irregulares en el campo administrativo, técnico y legal, que intentaban beneficiar a Drillmec Spa para adjudicarse la licitación. “De acuerdo con las declaraciones de los imputados y detenidos preventivamente, (Tellería) tenía autorización de (Guillermo) Achá para que participe en todas las reuniones”, manifestó el fiscal Ruddy Terrazas al terminar la audiencia de medidas cautelares de Tellería, realizada ayer en La Paz.
A su vez, el fiscal Ramiro Jarandilla, dentro de la audiencia, explicó que se había llegado a esa conclusión, basado en las declaraciones informativas de los anteriores imputados y detenidos preventivamente, que refirieron que ella participó en varias instancias del proceso y que avaló los cambios en la enmienda tres, cuestionada en este proceso investigativo, que supuestamente beneficiaba a la empresa italiana. “Tellería trabajaba en YPFB Andina, la misma que ha sido reconocida por los demás imputados, como aquella persona que tenía poder soberano en YPFB, ya que tenía potestad de participar en diversas reuniones o estar en La Paz cuando era necesario”, complementó Jarandilla, miembro de la Comisión de fiscales que escruta el caso y que acusa a la imputada de probable uso indebido de influencia e incumplimiento de deberes. Rechazo Por su parte, el presidente de YPFB, Guillermo Achá, rechazó haber atribuido ese poder a la funcionaria de YPFB Andina, indicando que, al igual que todos los abogados de YPFB Corporación, participaba cuando se le solicitaba colaboración en temas específicos. “Eso no es un poder soberano. En este caso, ella no tuvo ninguna relación en instancia alguna del Proceso de Contratación que es investigado.
Solo colaboró de manera posterior a la adjudicación y firma del contrato, en las gestiones de su resolución”, explicó Achá. Durante la audiencia, Tellería también negó haber tenido potestades absolutas y reveló que como gerenta legal participó en varias reuniones haciendo seguimiento a las inversiones que realizan todas las subsidiaras de YPFB. Tellería deslindó toda acusación en su contra; aseguró que nunca cometió ningún delito ni se benefició económicamente en este proceso. Además, dijo estar dispuesta a ampliar sus declaraciones para que en el proceso quede clara sus atribuciones en la empresa y las normativas vigentes que se cumplieron. Medida cautelar Pese a la explicación de Tellería, en su defensa, la jueza 4to Anticorrupción, Melina Lima, determinó detención preventiva en el Centro de Orientación Femenina de Miraflores de La Paz, quien había sido aprehendida el sábado en la localidad de Yacuiba, Tarija cuando, según el Ministerio Público, pretendía fugarse del país por el paso fronterizo hacia Pocitos, Argentina.
“El Ministerio Público fundamentó su teoría fáctica basada en los indicios colectados contra Tellería, que evidencian que incurrió en dos delitos al participar en el proceso de elaboración del contrato para la adjudicación de Drillmec, sin ser parte del Comité de Licitación”, señaló el Fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco Soria. “De acuerdo con indicios y declaraciones de sindicados y testigos, Tellería adecuó su conducta a los tipos penales ya que aprovechó sus funciones de servidora pública en la subsidiaria de YPFB para actuar de manera directa e indirecta en el proceso de contratación sin ser parte del Comité de Licitación o de las unidades solicitantes de la compra de taladros”, argumentó el fiscal Terrazas. Asimismo, sostuvo que la imputada hacía seguimiento al proceso de contratación y emitía instrucciones al Comité de Licitación para favorecer a Drillmec Spa con la adjudicación de la compra de taladros. A su turno, el fiscal Jarandilla aseguró que concurren los riesgos procesales de fuga debido a que no acreditó un arraigo natural y social en el país, por lo que intentó huir del país para evadir la acción de justicia.
La imputada indicó a su vez que no era funcionaria pública dependiente de YPFB, aunque su nombre aparece en su Declaración Jurada de la Contraloría General del Estado del 3 de agosto de 2016, que la acredita como servidora pública. Con la gerenta legal de Andina, suman siete los detenidos preventivamente en este caso. Caso grave El senador de Unidad Demócrata (UD) Óscar Ortiz, quien denunció públicamente la presunta irregularidad en la compra de los taladros que iban a costar al Estado más de $us 148,8 millones, manifestó que la detención de Tellería profundiza la seriedad del tema. “Esto ratifica la gravedad de este caso de presunta corrupción en la cual, todo indica que hubo una actitud sistemática de favorecimiento de la empresa Drillmec Spa para que gane la adjudicación. Lo que siento es que va a ser inevitable que se siga ascendiendo la escala de responsabilidades en relación a la investigación. A medida de que las personas tengan cargos más altos, las responsabilidades son mayores”, estimó.
Los coimputados aseguraron que el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Guillermo Achá, habría dado ‘poder soberano’ a la gerenta Legal Corporativa de YPFB Andina, Carmen Lola Tellería, para que participe en varias instancias del proceso de licitación en la compra de tres taladros a la empresa italiana Drillmec Spa, según reveló la Fiscalía. Pero la estatal petrolera niega haber dado esa potestad. La comisión de fiscales investiga las acciones de una veintena de funcionarios de la estatal petrolera, que haya sido partícipe de presuntas acciones irregulares en el campo administrativo, técnico y legal, que intentaban beneficiar a Drillmec Spa para adjudicarse la licitación. “De acuerdo con las declaraciones de los imputados y detenidos preventivamente, (Tellería) tenía autorización de (Guillermo) Achá para que participe en todas las reuniones”, manifestó el fiscal Ruddy Terrazas al terminar la audiencia de medidas cautelares de Tellería, realizada ayer en La Paz.
A su vez, el fiscal Ramiro Jarandilla, dentro de la audiencia, explicó que se había llegado a esa conclusión, basado en las declaraciones informativas de los anteriores imputados y detenidos preventivamente, que refirieron que ella participó en varias instancias del proceso y que avaló los cambios en la enmienda tres, cuestionada en este proceso investigativo, que supuestamente beneficiaba a la empresa italiana. “Tellería trabajaba en YPFB Andina, la misma que ha sido reconocida por los demás imputados, como aquella persona que tenía poder soberano en YPFB, ya que tenía potestad de participar en diversas reuniones o estar en La Paz cuando era necesario”, complementó Jarandilla, miembro de la Comisión de fiscales que escruta el caso y que acusa a la imputada de probable uso indebido de influencia e incumplimiento de deberes. Rechazo Por su parte, el presidente de YPFB, Guillermo Achá, rechazó haber atribuido ese poder a la funcionaria de YPFB Andina, indicando que, al igual que todos los abogados de YPFB Corporación, participaba cuando se le solicitaba colaboración en temas específicos. “Eso no es un poder soberano. En este caso, ella no tuvo ninguna relación en instancia alguna del Proceso de Contratación que es investigado.
Solo colaboró de manera posterior a la adjudicación y firma del contrato, en las gestiones de su resolución”, explicó Achá. Durante la audiencia, Tellería también negó haber tenido potestades absolutas y reveló que como gerenta legal participó en varias reuniones haciendo seguimiento a las inversiones que realizan todas las subsidiaras de YPFB. Tellería deslindó toda acusación en su contra; aseguró que nunca cometió ningún delito ni se benefició económicamente en este proceso. Además, dijo estar dispuesta a ampliar sus declaraciones para que en el proceso quede clara sus atribuciones en la empresa y las normativas vigentes que se cumplieron. Medida cautelar Pese a la explicación de Tellería, en su defensa, la jueza 4to Anticorrupción, Melina Lima, determinó detención preventiva en el Centro de Orientación Femenina de Miraflores de La Paz, quien había sido aprehendida el sábado en la localidad de Yacuiba, Tarija cuando, según el Ministerio Público, pretendía fugarse del país por el paso fronterizo hacia Pocitos, Argentina.
“El Ministerio Público fundamentó su teoría fáctica basada en los indicios colectados contra Tellería, que evidencian que incurrió en dos delitos al participar en el proceso de elaboración del contrato para la adjudicación de Drillmec, sin ser parte del Comité de Licitación”, señaló el Fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco Soria. “De acuerdo con indicios y declaraciones de sindicados y testigos, Tellería adecuó su conducta a los tipos penales ya que aprovechó sus funciones de servidora pública en la subsidiaria de YPFB para actuar de manera directa e indirecta en el proceso de contratación sin ser parte del Comité de Licitación o de las unidades solicitantes de la compra de taladros”, argumentó el fiscal Terrazas. Asimismo, sostuvo que la imputada hacía seguimiento al proceso de contratación y emitía instrucciones al Comité de Licitación para favorecer a Drillmec Spa con la adjudicación de la compra de taladros. A su turno, el fiscal Jarandilla aseguró que concurren los riesgos procesales de fuga debido a que no acreditó un arraigo natural y social en el país, por lo que intentó huir del país para evadir la acción de justicia.
La imputada indicó a su vez que no era funcionaria pública dependiente de YPFB, aunque su nombre aparece en su Declaración Jurada de la Contraloría General del Estado del 3 de agosto de 2016, que la acredita como servidora pública. Con la gerenta legal de Andina, suman siete los detenidos preventivamente en este caso. Caso grave El senador de Unidad Demócrata (UD) Óscar Ortiz, quien denunció públicamente la presunta irregularidad en la compra de los taladros que iban a costar al Estado más de $us 148,8 millones, manifestó que la detención de Tellería profundiza la seriedad del tema. “Esto ratifica la gravedad de este caso de presunta corrupción en la cual, todo indica que hubo una actitud sistemática de favorecimiento de la empresa Drillmec Spa para que gane la adjudicación. Lo que siento es que va a ser inevitable que se siga ascendiendo la escala de responsabilidades en relación a la investigación. A medida de que las personas tengan cargos más altos, las responsabilidades son mayores”, estimó.