Diferentes inversores extranjeros han demandado a Ecuador por un total de 21.200 millones de dólares en diferentes litigios. De esa suma, el Gobierno ha pagado hasta hoy 1.498 millones a empresas petroleras como Oxy, Chevron, Duke Energy y Noble Energy.
Fuente: La Hora‎
   
Suman 26 las demandas que ha enfrentado el país en cortes internacionales, como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), del Banco Mundial, amparados en los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) que Ecuador ha firmado con los gobiernos de otros países.
 
Los TBI son instrumentos internacionales utilizados por los estados para convenir el desarrollo bilateral, ampliando y diversificando el nivel de cooperación mediante el incentivo de inversiones. Sin embargo, para Ecuador, los TBI no han traído inversión suficiente.
 
Así lo sostiene Cecilia Olivet, presidenta de la Comisión para la Auditoría Ciudadana de los Tratados de Protección Recíproca (Caitisa). Olivet explica que la cantidad de dinero gastado por Ecuador en litigios internacionales es superior a la cantidad de inversión percibida entre los países con los que se firmó un TBI. “Mientras las promesas de inversiones y desarrollo no se materializaron, los costos han sido extraordinarios”.
 
Las demandas en casos pendientes suman 13.410 millones, equivalente al 52% del Presupuesto General de 2017.
 
Implicación
 
Los TBI son utilizados por las empresas extranjeras para acudir a las cortes internacionales en caso de tener inconvenientes con el Estado, incluso prescindiendo de las cortes nacionales. Es por eso que Ecuador busca eliminar estos instrumentos.
 
Dicho de otra forma, el Estado busca que en caso de existir alguna controversia, el juicio solo se pueda resolver de la mano de los organismos de control ecuatorianos y no desde las cortes internacionales, explica el analista económico Walter Spurrier, director de Análisis Semanal.
 
“Las empresas piden un tratado que permita arbitraje internacional para resolver las disputas. Anular estos acuerdos significa que las empresas deben confiar en el Estado y que el Poder Judicial sancione con relativa independencia”, dice. El problema, agrega, es que los inversionistas tienen poca confianza en la independencia del Poder Judicial ecuatoriano, cuando se trata de litigar con el Estado.
 
Pero esto aplica no solo para los inversionistas internacionales, sino también para las empresas locales cuyos accionistas sean extranjeros y provengan de alguno de los países con los que Ecuador haya firmado un TBI. (LGP)
 
Eliminación de los TBI
 
La Asamblea Nacional acogió la denuncia de 12 TBI firmados con Italia, China, Chile, Venezuela, Reino de los Países Bajos, la Confederación Suiza, Canadá, Argentina, Estados Unidos, España, Perú y Bolivia. Y existen más TBI en la mira, confirmó Alexis Mera, secretario de la Presidencia. Sin embargo, a pesar de las denuncias, las inversiones por estos tratados estarían protegidas hasta 2027.
 
“Aun cuando yo denuncie, el tratado sigue protegiendo inversiones 8, 5 o 10 años más. Es decir, que por más que el Presidente, hoy día, firme la denuncia, estarían protegidas las (inversiones) que vengan hasta 2027”, dijo.