Fuente: El Universal‎‎

  

Caracas.-  El Estado venezolano resultó beneficiado, cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos, en una decisión unánime, sentenció a favor de Venezuela, en el caso que se seguía en los tribunales de ese país, luego de que la empresa Helmerich & Payne International Drilling Company, presentara el pasado 23 de septiembre de 2011 una demanda contra el país por la “confiscación ilegal” de 11 de sus taladros ubicados en El Furrual, Punta de Mata y Jusepín en el estado Monagas.

 

“El gobierno estadounidense le ha dado la razón a Venezuela, al argumentar que fallar a favor de la empresa perjudicaría las relaciones internacionales y sentaría un precedente para que otros países tomen represalias contra propiedades estadounidenses”, refiere una nota reseñada desde Washington por la agencia informativa EFE.

 

En la argumentación esgrimida por la Corte estadounidense este primero de mayo, se determina que “un juez le había hecho demasiado fácil presentar la demanda a la empresa Helmerich & Payne International Drilling Company.”

 

Aludieron además que “fallar a favor de la empresa perjudicaría las relaciones internacionales, y sentaría un precedente para que otros países tomen represalias contra propiedades estadounidenses”.

 

Helmerich & Payne de Venezuela (H&P) introdujo la demanda ante una corte en el Distrito de Columbia en Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela y Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

 

El reclamo interpuesto por la transnacional, se fundamentó en los daños causados por el Ejecutivo nacional tras la expropiación de 11 taladros de H&P, así como de otros activos, por lo que solicitaban una compensación de alrededor de unos $75 millones. La empresa argumentó además “la violación de las leyes internacionales y la ruptura del contrato”.

 

Según información divulgada en la época, el 29 de junio de 2010 el Gobierno ordenó la ocupación de los taladros, “así como de los bienes muebles e inmuebles y demás bienhechurías de la empresa asociados a la utilización de los equipos de perforación, y en consecuencia su puesta en operatividad, uso y aprovechamiento necesarios para la perforación de pozos en estructuras geológicas, tanto en el oriente como el occidente del país”, apuntó la disposición autorizada en Consejo de Ministros, luego de una declaratoria de utilidad pública de los taladros aprobada por la Asamblea Nacional.

 

H&P había suspendido temporalmente sus actividades de perforación ante las deudas que mantenía Pdvsa. La acción afectó la perforación de 22 pozos petroleros en las áreas de El Furrial, Punta de Mata y Jusepín, ocasionando desfases en la producción.

 

Después de ello, en 2010, tras el desplome de los precios por la caída de la cotización del barril en el mercado, y con ello, los ingresos de la industria, Petróleos de Venezuela solicitó a los proveedores una revisión de las tarifas por servicios. Luego de una serie de negociaciones con H&P, sin alcanzar acuerdo, se opta por avanzar en tomar el control  de los equipos.

 

En el informe que se entregó al Legislativo, se justificó la expropiación porque Helmerich & Payne de Venezuela “mantenía ociosos desde hace un considerable tiempo equipos de perforación (...) la disponibilidad de estos equipos a nivel mundial es muy baja y su utilización es necesaria debido a los altos esfuerzos mecánicos que se requieren para la perforación”.

 

 Ayer se celebraron también los 10 años de la “nacionalización efectiva” de la Faja Petrolífera del Orinoco que decretó el expresidente Hugo Chávez con la disposición 5.200 emitida en 2007. Eulogio Del Pino, presidente de Pdvsa, aseguró que en esta década se han certificado 160.000 millones de barriles de petróleo en el área.

 

Para el experto Fernando Travieso, la nacionalización de este territorio, cuyas reservas se calculan como las más grandes del mundo, y que hasta entonces estaban bajo control casi total de accionistas extranjeros;  es uno de los hechos más relevantes ocurridos en materia petrolera en el país, en el siglo XXI.