Para el abogado especialista en Derecho Administrativo y Energía, Juan Bosch, el lanzamiento de la Resolución 19 de la Secretaria de Energía Eléctrica da “algunas pistas” para la formalización de un mercado de energía entre privados pero aún “faltan decisiones” que habiliten gestiones.
Fuente: Energía Estratégica
   
La semana pasada, el Ministerio de Energía y Minería publicó la Resolución 19 que aumenta el precio de pago en dólares a las empresas privadas de generación de electricidad, en cerca de un 50 por ciento, y duplica premios por el cumplimiento de objetivos.
 
La cartera explica que norma se publicó con la intención de impulsar la actividad y “propiciar las inversiones necesarias por parte de los Agentes Generadores para el mantenimiento e incremento de la disponibilidad de sus equipos”.
 
Según la reglamentación, cada agente generador, cogenerador y autogenerador titular de una central de generación térmica convencional podrá suscribir Compromisos de Disponibilidad Garantizada (CoDiG), por la potencia y energía de las unidades instaladas.
 
Tales compromisos cubrirán lapsos de tres años y se podrán diferenciar valores en los distintos períodos estacionales semestrales de verano (noviembre-abril) y de invierno (mayo-octubre).
 
Asimismo, se establecieron incipientes lineamientos para que se puedan avanzar en contratos entre privados para la comercialización de energía eléctrica, pero, en palabras de Juan Bosch, abogado especialista en Derecho Administrativo y Energía, “un poco remotos todavía”.
 
“La Resolución 19 da algunas pistas”, señala el titular de la consultora Saesa. “Empieza a marcar un sendero hacia la habilitación de contratos entre privados para toda la energía pero con esta Resolución no alcanza”, analiza y completa: “Aún faltan decisiones, resoluciones para que se empiece a delinear con claridad cómo va a ser ese camino”.
 
Bosch explica que no sólo falta instrumentar un marco preciso para que se pueda comenzar a celebrar este tipo de contratos sino establecer todo un proceso de descentralización de la compañía que administra el mercado eléctrico mayorista, CAMMESA.
 
“La Resolución 19 corrige la Resolución 22, que había establecido un esquema remuneratorio para los generadores; ahora, esta nueva Resolución modifica eso y establece un esquema para el pago de potencia y la posibilidad de que estos generadores firmen contratos de potencia y energía asociada con el mercado, pero aún representados por CAMMESA”, observa el abogado.
 
De acuerdo a las intencionalidades que percibe del Gobierno nacional, Bosch indica que “todo parece apuntar que será el año que viene en donde volvamos a los contratos entre privados”.
 
Opina que el sector “desea” que esta reglamentación “salga cuanto antes”. Y explica: “Una cosa es lo que puede hacer CAMMESA, como único comprador y administrador de la energía, y otra cosa es el análisis que puedan hacer los usuarios, decidiendo contratar (mediante un privado) su energía y potencia con información que sólo ellos tienen acerca de sus necesidades, prioridades; información que sólo ellos tienen”.
 
Los nuevos cuadros remunerativos
 
El precio base para la disponibilidad garantizada ofrecida será de u$s 6.000 mensuales por MW para el período mayo-octubre, y de u$s 7.000 desde noviembre, mientras el adicional para incentivar la oferta en los períodos de mayor requerimiento del sistema se fijó en u$s 1.000 y u$s 2.000, respectivamente.
 
Los generadores -agrega la resolución, que firma el secretario Alejandro Sruoga– recibirán una remuneración mensual de u$s 2 por Mwh por la energía operada, más un adicional en función del cumplimiento de objetivos de reducción de consumos de combustibles.
 
En este sentido se definirá para cada tipo de tecnología un valor medio de referencia de consumo y en forma trimestral se cotejará con el combustible efectivamente consumido.
 
El Ministerio de Energía y Minería fijó también los precios base de la potencia para los generadores hidroeléctricos, tanto convencionales como de bombeo (que van desde u$s 2.000 hasta u$s 8.000 por Mw mensual), y los correspondientes adicionales (hasta u$s 1.000 por Mw).
 
El cobro del adicional queda ligado en un 50% a dos factores: a que el generador hidroeléctrico disponga de un seguro para la cobertura de incidentes mayores sobre el equipamiento crítico (turbinas, generadores, transformadores, etc.) y a la actualización progresiva de los sistemas de control de la central hidroeléctrica, de acuerdo con un plan de inversiones a presentar.
 
La remuneración variable estas centrales, agrega la resolución, se compone de un precio en función de la energía generada (u$s 3,5 por Mwh) y otro vinculado a la energía operada en cada hora (u$s 1,4).
 
Por último, se fijan pautas para remunerar la energía generada por fuentes no convencionales: los precios base de las centrales eólicas será de u$s 7,5 el Mw; para las solares fotovoltaicas, u$s 8,5; y para las de biomasa, biogas o residuos, u$s 10 el Mw.
 
Como en los casos anteriores, también para las renovables se contemplan adicionales vinculados a la disponibilidad de equipamiento instalado con un tiempo de permanencia superior a los 12 meses: de u$s 17,5 por Mw; u$s 18,5; y u$s 10, en forma respectiva.