FUENTE: EL MUNDO
Durante su intervención en la Sesión Plenaria, la autoridad gubernamental destacó que el Estado Plurinacional de Bolivia se constituye en vanguardia a nivel internacional en torno a la normativa en materia de lucha contra la corrupción que recoge los principios establecidos en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, como la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, La Ley de Participación y Control Social y la Ley de Denunciantes y Testigos, como en el ámbito preventivo con acciones como la Verificación de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas.
“Bolivia ha destacado por la implementación de normativa preventiva y de lucha contra la corrupción, tiene mecanismos y herramientas que permiten, por ejemplo verificar el contenido de declaración jurada de bienes y rentas, lo que posibilita identificar presuntos hechos de corrupción o legitimación de ganancias ilícitas”, afirmó la ministra.
El mecanismo de examen de la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, fue establecido por los Estados Parte con el objeto de proporcionar información sobre los desafíos y buenas prácticas de los Estados y para examinar las necesidades de asistencia técnica en la aplicación de este instrumento. En ese marco, la ministra Lenny Valdivia reafirmó la voluntad del país de someterse al nuevo periodo de evaluación. “Deseo ratificar en representación del Estado Plurinacional de Bolivia, la amplia e irrestricta voluntad de ser examinado en la adopción y aplicación de políticas públicas para prevenir la corrupción en esta segunda ronda, esperando con el mismo compromiso a los Estados que efectuarán la evaluación que verificará las medidas y normas de prevención y recuperación de activos contempladas en la Convención”, dijo.
Como el único instrumento universal y jurídicamente vinculante contra la corrupción, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, promueve iniciativas nacionales e internacionales de lucha contra la corrupción así como la implementación y aplicación de las normas comunes y buenas prácticas en materia de prevención.
Durante su intervención en la Sesión Plenaria, la autoridad gubernamental destacó que el Estado Plurinacional de Bolivia se constituye en vanguardia a nivel internacional en torno a la normativa en materia de lucha contra la corrupción que recoge los principios establecidos en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, como la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, La Ley de Participación y Control Social y la Ley de Denunciantes y Testigos, como en el ámbito preventivo con acciones como la Verificación de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas.
“Bolivia ha destacado por la implementación de normativa preventiva y de lucha contra la corrupción, tiene mecanismos y herramientas que permiten, por ejemplo verificar el contenido de declaración jurada de bienes y rentas, lo que posibilita identificar presuntos hechos de corrupción o legitimación de ganancias ilícitas”, afirmó la ministra.
El mecanismo de examen de la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, fue establecido por los Estados Parte con el objeto de proporcionar información sobre los desafíos y buenas prácticas de los Estados y para examinar las necesidades de asistencia técnica en la aplicación de este instrumento. En ese marco, la ministra Lenny Valdivia reafirmó la voluntad del país de someterse al nuevo periodo de evaluación. “Deseo ratificar en representación del Estado Plurinacional de Bolivia, la amplia e irrestricta voluntad de ser examinado en la adopción y aplicación de políticas públicas para prevenir la corrupción en esta segunda ronda, esperando con el mismo compromiso a los Estados que efectuarán la evaluación que verificará las medidas y normas de prevención y recuperación de activos contempladas en la Convención”, dijo.
Como el único instrumento universal y jurídicamente vinculante contra la corrupción, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, promueve iniciativas nacionales e internacionales de lucha contra la corrupción así como la implementación y aplicación de las normas comunes y buenas prácticas en materia de prevención.