Fuente: JORNADA
Algunos sectores de personas con discapacidad, proponen una renta mensual de Bs 500 que implicaría un incremento de 500%, de Bs 1.000 a Bs 6.000, se informó. El viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, Jaime Durán, explicó que dicha demanda es inviable porque le costaría al Estado incrementar la asignación de recursos de Bs 22 millones a Bs 368 millones, es decir en 1.567%.
Indicó que los recursos provienen del financiamiento estatal que cada año tenían los partidos políticos por cerca de 40 millones de bolivianos, de los cuales ahora la mitad va al pago de la renta solidaria y la otra a cubrir costos de proyectos productivos. Asimismo, consideró que las personas con discapacidad deben primar su presupuesto para proyectos productivos que generen fuentes de empleo y no así plantear incrementos de bonos "insostenibles" para el Tesoro General de la Nación (TGN). "Cuando se trata de establecer nuevos montos de la renta solidaria lo que hay que discutir primero es cuál va a ser la sostenibilidad del beneficio y las fuentes de financiamiento", puntualizó.
Durán añadió que "hay que darle un fuerte énfasis a lo que significa la generación de proyectos productivos, como bien decía la ministra (de Salud) en las reuniones que hemos tenido en Oruro, Cochabamba y Santa Cruz. Los compañeros de las federaciones han sido muy enfáticos en el sentido de que ellos lo que quieren tener es oportunidades de trabajo".
Explicó que el Gobierno, por esa razón, planteó que el fondo de ese sector, que alcanza a 22 millones de bolivianos, debe ser destinado a proyectos productivos; sin embargo, lamentó que exista una ausencia del sector en las reuniones convocadas. "Hemos estado permanentemente insistiendo en que constituyamos una mesa técnica ya aceptada por las federaciones de Oruro, Cochabamba y Santa Cruz, para que podamos discutir todos estos elementos", agregó.
Por su lado, la ministra de Salud, Ariana Campero, explicó que el actual grupo en movilización tiene un interés netamente rentista, a diferencia del resto de las federaciones, donde se prioriza la inversión en áreas productivas y de salud. Lamentó la actitud política de parte de algunos discapacitados que teniendo trabajo en algunas ONGs, hablan del desempleo del sector, sin considerar que antes que llegara el actual gobierno, no recibían nada del Estado.
A pesar de las marcadas diferencias, ambas autoridades reiteraron a los marchistas que se encuentran en la ruta Cochabamba-Oruro, a retomar el diálogo para encontrar criterios coincidentes en favor de este sector. Unas 150 personas con discapacidad de distintos departamentos cumplen el octavo día de caminata, que iniciaron en la ciudad de Cochabamba rumbo a la ciudad de La Paz, donde se instaló una vigilia de otro grupo que los espera.
Algunos sectores de personas con discapacidad, proponen una renta mensual de Bs 500 que implicaría un incremento de 500%, de Bs 1.000 a Bs 6.000, se informó. El viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, Jaime Durán, explicó que dicha demanda es inviable porque le costaría al Estado incrementar la asignación de recursos de Bs 22 millones a Bs 368 millones, es decir en 1.567%.
Indicó que los recursos provienen del financiamiento estatal que cada año tenían los partidos políticos por cerca de 40 millones de bolivianos, de los cuales ahora la mitad va al pago de la renta solidaria y la otra a cubrir costos de proyectos productivos. Asimismo, consideró que las personas con discapacidad deben primar su presupuesto para proyectos productivos que generen fuentes de empleo y no así plantear incrementos de bonos "insostenibles" para el Tesoro General de la Nación (TGN). "Cuando se trata de establecer nuevos montos de la renta solidaria lo que hay que discutir primero es cuál va a ser la sostenibilidad del beneficio y las fuentes de financiamiento", puntualizó.
Durán añadió que "hay que darle un fuerte énfasis a lo que significa la generación de proyectos productivos, como bien decía la ministra (de Salud) en las reuniones que hemos tenido en Oruro, Cochabamba y Santa Cruz. Los compañeros de las federaciones han sido muy enfáticos en el sentido de que ellos lo que quieren tener es oportunidades de trabajo".
Explicó que el Gobierno, por esa razón, planteó que el fondo de ese sector, que alcanza a 22 millones de bolivianos, debe ser destinado a proyectos productivos; sin embargo, lamentó que exista una ausencia del sector en las reuniones convocadas. "Hemos estado permanentemente insistiendo en que constituyamos una mesa técnica ya aceptada por las federaciones de Oruro, Cochabamba y Santa Cruz, para que podamos discutir todos estos elementos", agregó.
Por su lado, la ministra de Salud, Ariana Campero, explicó que el actual grupo en movilización tiene un interés netamente rentista, a diferencia del resto de las federaciones, donde se prioriza la inversión en áreas productivas y de salud. Lamentó la actitud política de parte de algunos discapacitados que teniendo trabajo en algunas ONGs, hablan del desempleo del sector, sin considerar que antes que llegara el actual gobierno, no recibían nada del Estado.
A pesar de las marcadas diferencias, ambas autoridades reiteraron a los marchistas que se encuentran en la ruta Cochabamba-Oruro, a retomar el diálogo para encontrar criterios coincidentes en favor de este sector. Unas 150 personas con discapacidad de distintos departamentos cumplen el octavo día de caminata, que iniciaron en la ciudad de Cochabamba rumbo a la ciudad de La Paz, donde se instaló una vigilia de otro grupo que los espera.