Empresas estadounidenses y canadienses que inviertan en el sector energético en México gozan de derechos y privilegios supranacionales consignados en el poco conocido capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), por el que pueden obligar al gobierno mexicano a anular normas, regulaciones y condiciones de contratos si consideran que de alguna manera afectan las expectativas de ganancias por su inversión.