El estudio, presentado el 2 de agosto en República Dominicana, alerta que los cambios afectarán al rendimiento de cultivos, impactarán en las economías locales, comprometerán la seguridad alimentaria y generarán una disminución de la disponibilidad de agua para la producción de alimentos y otros usos.

Los cuentapropietas exigen la atención a un pliego de 10 puntos y la liberación de los detenidos en los enfrentamientos de la anterior semana. El Gobierno recordó que este es un asunto que se encuentra en manos de la Justicia y anticipó además que no es posible atender la demanda de los mineros referida a la suscripción de contratos con privados.