El reciente estudio del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería de la Universida de Chile (ISCI) es categórico: cerca del 10% de la capacidad instalada corresponde a centrales diésel muy antiguas, varias con más de medio siglo de operación.

Pese a operar muy poco, estas unidades reciben pagos de capacidad garantizados, lo que significa ingresos asegurados sin necesidad de contar con contratos firmes de combustible ni capacidad real de almacenamiento. El dato más revelador es que, incluso en el apagón de febrero, solo se utilizó el 23% del parque diésel de emergencia, confirmando que el país paga por un respaldo sobredimensionado, caro y poco útil en situaciones críticas.

El estudio “Generación diésel y distorsiones” profundiza este punto: el Coordinador Eléctrico Nacional asume disponibilidad total de combustible, pese a que sus propios estudios reconocen que existe una restricción estructural en el suministro. Esta inconsistencia genera sobrecostos que terminan traspasándose a los usuarios finales: se desperdician hídricos embalsados a precios bajos, se fuerzan despachos diésel innecesarios, y se perpetúan pagos garantizados sin exigir respaldo real. La Unión Europea ya dio una señal clara: desde 2025 prohíbe remunerar capacidad a unidades que emitan más de 550 gCO₂/kWh, lo que deja fuera a prácticamente todas las centrales diésel. Chile puede —y debe— avanzar en la misma dirección.

Corregir estas distorsiones no es solo una discusión técnica. Es una medida urgente para proteger a los clientes regulados y libres, reducir sobrecostos evitables y asegurar una transición energética segura, eficiente y alineada con los objetivos ambientales del país. No podemos seguir financiando generación cara, ineficiente, contaminante y que, además, no está aportando el atributo de suficiencia del sistema por el cual pagamos todos los chilenos.

Fuente: Electromineria