La propuesta de consulta pública que prohíbe la importación de biodiésel para cumplir con el porcentaje obligatorio de la mezcla de diésel B ha dividido al gobierno. El sector más enfocado en agroindustria y energía defiende el modelo actual —el que está bajo consulta pública—, mientras que el Ministerio de Hacienda y la Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP) abogan por la apertura total del mercado.

La recomendación al Consejo Nacional de Política Energética (CNPE) es que todo el biodiésel vendido para cumplir con el mandato de mezcla con diésel B provenga de unidades de producción autorizadas por la ANP. De este total, el 80% debe provenir de productores que cuenten con el Sello Social de Biocombustibles.

De las nueve instituciones gubernamentales que participaron en las discusiones del grupo de trabajo, cinco votaron a favor de mantener la moratoria de importación del 20% y el Sello Social de Biocombustibles para el 80% del volumen total. Los ministerios vinculados a la agroindustria y la agricultura familiar (Mapa y MDA), así como el MDIC y la Empresa de Investigación Energética (EPE), siguieron al Ministerio de Minas y Energía (MME).

El informe fue publicado en primicia por eixos pro, un servicio de suscripción de la agencia eixos, en septiembre. El grupo se creó para revisar la moratoria a las importaciones de biodiesel, a raíz de la intervención del Frente Parlamentario del Biodiesel (FPBio), presidido por el diputado Alceu Moreira (MDB/RS), vinculado al sector.

FPBio intervino en diciembre de 2023 tras la entrada en vigor de la Resolución 962/2023 de la ANP, que autoriza el uso de biocarburantes importados para cubrir hasta el 20% de la mezcla obligatoria, efectos que quedaron suspendidos con la creación del Grupo de Trabajo. En el análisis del grupo sobre el tema, la ANP y el Ministerio de Hacienda propusieron la apertura total del mercado, sin prohibir el uso de biodiesel importado en la mezcla obligatoria ni imponer condiciones adicionales a la priorización de la agricultura familiar.

El Ministerio del Ambiente (MMA) y la Casa Civil optaron como mejor alternativa la apertura condicionada a condiciones ambientales, como un índice de carbono (IC) mínimo y la verificación del origen de las materias primas.

Como justificación para prohibir el uso de biodiesel importado en la mezcla, el análisis de impacto regulatorio (AIR) argumenta que Brasil no depende del biodiesel importado para asegurar el abastecimiento interno.

Asimismo, señala que la competencia externa en el mercado obligatorio de biodiesel no constituye una desventaja económica, sino una medida estratégica. «En mercados sujetos a prácticas comerciales desleales —como subsidios y dumping, ya reconocidos por la Organización Mundial del Comercio (OMC) en el contexto del biodiesel— la protección del sector productivo nacional es esencial para garantizar su integridad, competitividad y continuidad», afirma la justificación.

El gobierno consideró que la apertura sin restricciones es una opción de alto riesgo debido a la ausencia de salvaguardias, lo que compromete la sostenibilidad de la matriz energética nacional.

También señaló vulnerabilidades como la reducción de inversiones, la desmovilización de agentes económicos y una mayor dependencia de proveedores externos.

La reunión del CNPE, prevista para el lunes 17 de noviembre, fue cancelada. La resolución sobre el tema figuraba en el orden del día original, pero fue retirada. Aún no se ha confirmado si se incluirá en el orden del día de la reunión ordinaria del consejo en diciembre.

Fuente: AXES