afirmando que éste incide en alrededor de un 70% en la cuenta de la electricidad, afectando no sólo a los clientes residenciales sino también a miles de pymes que están obligadas a contratar su suministro con las empresas distribuidoras. Esto porque la ley menciona que todos aquellos consumidores que tienen una potencia conectada de hasta 300 kW son clientes regulados.

A los excesos en los pagos derivados del error metodológico que deben enfrentar esas pymes, y que se mantendrán por lo menos hasta el mes de enero de 2026, se suma el perjuicio que representó el congelamiento de las tarifas no solicitado. Esto último “implicó finalmente alzas importantes en las cuentas de electricidad para devolver a las empresas generadoras lo no pagado durante los años que estuvieron congeladas las tarifas más intereses, los que no fueron acordados por quienes deben pagar, sino por las autoridades del sector”, comentó Eduardo Andrade, secretario ejecutivo de la organización.

Lo anterior se ha traducido, agregó, no sólo en costos importantes, sino también en una imposibilidad material para proyectar sus costos de electricidad para esas decenas de miles de pymes, muchas veces parte importante de su estructura de gastos, y, por lo tanto, en dificultades para tomar decisiones con respecto a niveles de producción y otras.

Mercado libre Andrade enfatizó que “resulta entonces conveniente hacer un paralelo de esa realidad con las ventajas que ha representado el mercado libre para aquellas pymes que tienen la capacidad de contratar libremente el suministro eléctrico con terceros distintos de las empresas distribuidoras. Esas pymes, que hoy son aquellas que tienen una potencia conectada superior a 300 kW, han tenido desde el momento en que se cambiaron de suministrador un valor constante y predecible en el costo de la energía, alrededor del 70% de la factura total, con contratos sencillos y fórmulas de indexación simples y fáciles de entender, las que en general sólo se reajustan por CPI, a diferencia de los pliegos tarifarios definidos en la regulación que se han tornado tan complejos que ni las autoridades del área son capaces de comprenderlos”.

Según el secretario ejecutivo de la ACEN, a lo anterior se suma que los costos por energía que pagan las pymes que participan en el mercado libre, son inferiores a aquellos que deben pagar las pymes en el mercado regulado. También esas pymes acceden a una mejor calidad de atención comercial y, muchas veces, a una provisión de otros servicios (eficiencia energética, generación distribuida, apoyo técnico, etc.).

Si a esto se agrega lo destacado en cuanto a la potencial incidencia de ese error metodológico en el aumento en el valor de la UF, Andrade recalcó que “resulta necesario hacer un llamado a las autoridades a considerar el avanzar hacia un mercado libre más amplio en forma decidida, lo que permitiría disminuir en forma importante los efectos directos que produce un error de ese tipo en las cuentas de la electricidad y en todos aquellos efectos indirectos en los gastos que se ajustan vía UF, independientemente de su magnitud”.

Fuente: EI