Según dos de las fuentes, que pidieron el anonimato debido al carácter privado de las discusiones, se espera que la subasta involucre áreas pre-sal más pequeñas en los campos de Tupi, Mero y Atapu, y podría recaudar alrededor de R$ 20 mil millones en el escenario más pesimista. El Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Minas y Energía no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

El impulso para la subasta refleja las crecientes preocupaciones sobre las perspectivas fiscales de Brasil, ya que los aranceles estadounidenses perjudicaron las perspectivas económicas mundiales, enviando los precios del petróleo a un mínimo de cuatro años por debajo de los 60 dólares por barril el miércoles.

Incluso después de la recuperación, el petróleo Brent cerró a 65,48 dólares el barril, casi un 20% por debajo del precio promedio de 80,79 dólares previsto en la ley de presupuesto de Brasil para 2025. Los precios más altos del petróleo generalmente benefician a Brasil, aumentando los ingresos provenientes de regalías, impuestos a los productores de petróleo y dividendos sustanciales de Petrobras.

“Es muy importante tener válvulas de escape porque el escenario de ingresos se vuelve más incierto con una situación externa como esta”, dijo una de las fuentes. Una de las fuentes dijo que el gobierno tiene la intención de realizar la subasta ya en septiembre, si los planes siguen adelante como se espera.

Se espera que "pronto" se envíe un proyecto de ley al Congreso, dijo la fuente, seguido de la publicación de una resolución del Consejo Nacional de Política Energética (CNPE) y el aviso de la subasta. La misma fuente afirmó que ya existe apoyo político al proyecto, destacando que la medida representa un esfuerzo recaudatorio que puede ayudar a evitar contingencias que afectarían las enmiendas parlamentarias, una preocupación relevante en las actuales negociaciones presupuestarias en el Congreso.

Todas las fuentes indicaron que la idea es que lo recaudado en la subasta fortalezca las arcas públicas, compensando potencialmente posibles pérdidas resultantes de variables sobre las que el gobierno no tiene control. El gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva pretende eliminar este año el déficit primario de la mayor economía de América Latina, con un margen de tolerancia del 0,25% del PIB en ambos casos, lo que permite un déficit de hasta 31 mil millones de reales.

El martes, el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, afirmó que si se identifican riesgos para la meta fiscal, el gobierno adoptará medidas para asegurar su cumplimiento.

Fuente: Agencia