El objetivo del texto, que forma parte de la agenda “verde” del Palacio do Planalto, es descarbonizar la matriz energética del transporte nacional mediante el uso de biocombustibles, un negocio prometedor que viene poniendo en aprietos a las petroleras y a la bancada ruralista. curso de colisión.
La expectativa es que el dictamen sea analizado por la Comisión de Servicios de Infraestructura del Senado el próximo martes 20, para luego pasar al pleno de la Cámara. De aprobarse, deberá regresar a la Cámara para un nuevo análisis.
El proyecto establece que el diésel -principal producto vendido por Petrobras- tendrá a partir del próximo año un mix cada vez mayor de combustibles de origen vegetal (biodiésel y diésel verde), reduciendo la porción del combustible que produce. Al ser contactada, la empresa estatal afirmó que “aún está analizando el informe”.
Hoy en día, el 14% del diésel que se vende en los surtidores está compuesto por biodiésel, producido principalmente con aceite de soja. La ley determina que el porcentaje debería llegar al 20% a finales de esta década y, a partir de 2031, podría llegar al 25%. Además, el texto reserva otro 3% para el HVO o diésel verde, que se fabrica a partir de aceites vegetales, como el de soja y el de palma, además de grasas animales.
Durante el avance del proyecto en la Cámara, Petrobras intentó por primera vez eliminar del texto legal los porcentajes obligatorios para la mezcla de biocombustibles. Invicta, intentó luego incluir el combustible sintético que sólo ella produce, llamado R5, en el porcentaje reservado al diésel verde, alegando que también tiene una porción renovable (5%).
El ataque chocó con intereses del agronegocio y fue frenado por los votos del Frente Parlamentario Agrícola (FPA) y del Frente Biodiesel, que terminaron ganando la disputa en la Cámara. Pero, bajo la influencia del entonces presidente de Petrobras, Jean Paul Prates, el relator fue designado por Vital do Rêgo, que preside el Frente de Energía y es cercano al sector del petróleo y del gas. Esto prometía una segunda vuelta en la disputa entre biocombustibles y Petrobras en el Senado.
A mitad de camino, sin embargo, Prates perdió la presidencia de la empresa, y el cargo fue ocupado por Magda Chambriard, quien, a su vez, decidió izar la bandera blanca con el sector del biodiesel. El 21 de junio se reunió con representantes del banco de biodiesel en Río y dijo que Petrobras no continuaría en la disputa.
“Entendió que un hidrocarburo (derivado del petróleo) no puede estar en un proyecto dedicado a biocombustibles. El coprocesado (como se llama el R5) puede ser vendido por Petrobras como un combustible más limpio, como el S10, por ejemplo, pero no es renovable”, dice el diputado Alceu Moreira (MDB-RS), que preside el Frente Biodiesel.
El parlamentario afirma que el ministro Alexandre Silveira, de Minas y Energía (MME), jugó un papel crucial para convencer a Petrobras. Magda Chambriard, a diferencia de su predecesora en el cargo, trabaja en armonía con el ministerio. “Si tuviera la fuerte influencia de Petrobras sería más complicado. El ministro Alexandre Silveira es el gran artífice de esta cuestión”, afirma Moreira.
El frente del biodiesel proyecta inversiones de alrededor de R$ 200 mil millones con el nuevo marco legal, que también aumenta la adición de etanol a la gasolina, del 27% al 35%, y crea las bases legales para el desarrollo del Combustible de Aviación Sostenible (SAF).
La directora ejecutiva del Instituto Brasileño de Petróleo y Gas (IBP), Ana Mandelli, dice que el sector estaba decepcionado por la no inclusión del producto coprocesado de Petrobras en el texto, pero que ya esperaba la derrota. “Ya sabíamos que el equipo de biodiesel había trabajado mucho con el gobierno. Parece que la gente tiró la toalla”, afirma.
Para ella, el país está perdiendo la oportunidad de producir diésel verde más barato y de fomentar la migración de las refinerías a las biorrefinerías. “Lo veo con cierta tristeza, pero seguiremos luchando para concientizar a los parlamentarios y al pueblo sobre el biodiesel, porque (el producto coprocesado) no es una amenaza para ellos. Sólo estamos hablando de otra opción”, afirma.
Las petroleras y la industria critican la norma sobre el biometano
El combustible del futuro proyecto también establece como obligatoria la adición de un 1% de biometano al gas natural a partir de enero de 2026, en otra victoria del sector de los biocombustibles: el biometano se fabrica principalmente a partir del bagazo de caña de azúcar, pero también hay productores de vertederos.
El porcentaje podrá ser modificado por el Comité Nacional de Política Energética (CNPE) hasta un máximo del 10%. Actores del sector petrolero afirman que la norma encarecerá el gas natural, argumento que es corroborado por la industria consumidora, especialmente la que utiliza energía intensiva.
El Ministerio de Minas e Energia estima que el impacto relativo a la primera etapa de la meta, del 1%, será del 0,47% en el precio del gas. El segmento productivo, sin embargo, cuestiona y afirma que el impacto es mayor. Según cálculos realizados en marzo por la Asociación Brasileña de la Industria Química (Abiquim), habrá gastos adicionales de hasta R$ 1,7 mil millones para el sector, que es el mayor consumidor de gas natural (utilizado como combustible y como materia prima).
Según André Passos, presidente de Abiquim, el aumento del gas natural, provocado por la entrada del biometano, quitará la capacidad de la industria instalada en Brasil de competir contra competidores externos. “Es diferente del biodiesel, que los consumidores seguirán comprando en las gasolineras, porque la demanda no parará. En el caso de la industria, un producto que es más caro porque se fabrica con gas mezclado con biometano es desplazado por un producto importado más barato”, dice Passos.
Afirma que el texto trata de combustibles y no debería abordar el uso de biometano, que también es una materia prima industrial. Al igual que con el hidrógeno, afirma, la cuestión debería abordarse en un texto legal independiente.
Vital do Rêgo pronosticó que la inclusión del biometano se realizará de acuerdo con estudios de impacto económico, que podrían atender las demandas de la industria, pero aún, en opinión de Abiquim, existe incertidumbre jurídica sobre cómo se abordará la cuestión en el futuro. “Brasil ya tiene el gas más caro del mundo y lo será aún más con el biometano”, afirma Passos.
Para intentar paliar las críticas, el relator del Senado añadió mitigaciones a las exigencias vinculadas al biometano, como la exclusión de las centrales térmicas conectadas al Sistema Interconectado Nacional. Según el dictamen, el consumo flexible de gas natural de estas plantas quedará fuera de la base de cálculo del objetivo de reducción de gases de efecto invernadero.
Entre bastidores, parlamentarios vinculados al agronegocio dicen que intentarán revertir este punto, especialmente cuando el texto regrese a la Cámara, ya que el consumo de gas de las termoeléctricas es elevado. “El biometano es un excelente producto para la descarbonización, pero se quedó como una “tortuga” (asunto ajeno al texto principal) dentro de un proyecto de ley sobre movilidad. Están creando un programa que llegará a la industria y debería haber sido escuchado”, dice el director del IBP.
“Existe una gran diferencia entre los cálculos del MME y los de la industria en cuanto al impacto en los costos. Esto ya demuestra que el tema no está lo suficientemente maduro para avanzar”, evalúa el ejecutivo.
Fuente: Estadão