José Toro Hardy - Editor adjunto de Analítica.

Le corresponde al juez decidir si la empresa minera canadiense Crystallex, a la cual Hugo Chávez le quitó los derechos de explotación de la mina de oro Las Cristinas, puede cobrarse forzando la venta de activos de PDV Holdings, propietaria de CITGO.

La acreencia que tiene Cristallex contra Venezuela proviene de las indemnizaciones que le fueron concedidas en un arbitraje internacional por el CIADI del Banco Mundial y posteriormente ratificadas por una Corte Federal del estado de Washington. El monto que le fue concedido es la suma de $ 1.400 millones. En vista de que la República no cumplió, la canadiense Crystallex se dirigió a una Corte en el estado de Delaware, solicitando autorización para cobrar dicha indemnización mediante la venta de activos de PDV Holdings propietaria de CITGO.

La decisión de la Corte fue favorable a Crystallex, a pesar de los alegatos de CITGO de que esas obligaciones eran de la República y no de CITGO. El juez sin embargo consideró que CITGO era un “alter ego” de la República, ya que es una filial de PDV Holdings que a su vez pertenece a PDVSA. Esta está controlada por el gobierno venezolano que no reconoce su estatus de independencia y la obliga a obtener su aprobación para tomar decisiones de negocios ordinarios, imponiéndole un estrecho control político.

CITGO y el gobierno interino de Guaidó apelaron ante la Corte Suprema de Justicia de los EEUU, que no llegó a considerar el caso y lo devolvió a la Corte de Delaware para que esta tomase la decisión final. El dictamen del juez será definitivo e inapelable. Las cosas no lucían bien para los venezolanos. Sin embargo, antes de dictar su veredicto, el magistrado se dirigió al gobierno federal de los EEUU indagando acerca del impacto que su decisión pudiese tener en la política exterior de esa nación.

El testimonio presentado por el gobierno de los EEUU fue contundente. Sin negar la obligación que Venezuela tiene de pagar la deuda, sostuvo que la situación actual de Venezuela tiene importantes implicaciones en la Política Exterior de los EEUU, así como en sus intereses en materia de Seguridad Nacional. Advierte que en Venezuela existe una severa crisis humanitaria y que además el país está en manos de un régimen que lo ha arruinado, destruido las instituciones democráticas, violado DDHH y que se ha transformado en fuente de inestabilidad para toda la región, además de que ha desarrollado “estrechas relaciones con adversarios extranjeros de los EEUU”.

Analiza además la decisión anterior de la Corte de Delaware donde se declara que CITGO es un “alter ego” de la República. Declara que esa situación ha cambiado y que en Venezuela se han producido desarrollos que han precipitado un cambio fundamental en la Política Exterior de los EEUU. Ya CITGO no puede ser considerada como un “alter ego” de la República.

Y concluye:

“Los EEUU respetuosamente sugiere que esa Corte no debería autorizar a Cristallex a tomar pasos adicionales destinados a forzar la venta de PDV Holdings a la luz del daño que ello pudiera acarrear a la política exterior de los EEUU y sus intereses en materia de seguridad nacional…”

Al testimonio se añade una carta del Sr Elliot Abrams dirigida al Fiscal General y al Departamento de Justicia donde afirma:

“Está claro que su pérdida (la de CITGO) a través de una venta forzada por una Corte de los EEUU, representaría una gran victoria política para el régimen de Maduro, que ya ha declarado que los EEUU y Guaidó están conspirando para “robarse” a CITGO. El impacto en el gobierno interino de Guaidó y en las metas de la política exterior de los EEUU sería severamente perjudicial y quizá irreparable”.

Cabe aclarar que siendo el Poder Judicial independiente en los EEUU, las recomendaciones anteriores del gobierno no son vinculantes. El Juez las escuchará pero tomará sus propias decisiones.

Fuente: Analítica - Venezuela