Fuente: ABC
Balotta aseguró ayer a ABC Cardinal que se observa “mucha coincidencia” en el anuncio de la modificación del precio de venta pactado con Bolivia en el tema del gas, que va en contra del sector privado. “Están castigando al sector privado, creo que esto está saliendo de aquí del país. No puede haber tanta similitud para que vengan a apretarnos de esta manera”, enfatizó.
Una muestra de la persecución del Gobierno contra el sector se evidencia diariamente en las declaraciones y reiteradas amenazas emitidas por el ministro de Industria y Comercio, Gustavo Leite, quien se pasa tildando de “cártel” al sector que invierte en este país, dijo. Esto es absolutamente contrario a cómo debería ser y actuar un ministro cuya misión supuestamente debería ser la de promover las inversiones en el país y aquí pasa exactamente lo contrario. Insistió en que se observa un fuerte interés del Gobierno en ingresar en el rubro a través de Petropar para monopolizar el sector, violando la Carta Magna.
Plan avanza en medio de total sigilo
Casi a escondidas estuvo la semana pasada el titular de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Guillermo Achá Morales, quien confirmó desde Bolivia, en un comunicado, “que proveerá gas al sector privado hasta que Petropar, según la planificación del Gobierno paraguayo, pueda asumir la distribución de ese energético”. Esto confirma plenamente lo que veníamos advirtiendo desde hace semanas y lo que el ministro Leite negaba.
Al respecto, el titular del MIC fue consultado ayer sobre la sigilosa visita de Achá a Petropar y un Leite desafiante respondió “que lo único que falta es que el Gobierno tenga que salir a hablar de las negociaciones privadas que ellos tienen con sus proveedores”.
Todo lo contrario a lo expresado por Leite, el Gobierno debe emitir transparentes explicaciones sobre el avance que está registrando este plan del gas de Petropar y especialmente quién pondrá la plata, porque ya están programadas nuevas visitas por parte de los bolivianos, sin que exista ley que habiliten estas operaciones. Están obligados a informar sin mentiras para que no se convierta en un caso similar al de PDVSA-Petropar.