Fuente: JORNADA
Añadió que por segundo año consecutivo, se tendría una abrupta caída de la renta extractiva (IDH y Regalías), como efecto de la baja de los precios internacionales, además, desde esta gestión se registraría una diminución de los ingresos por impuestos, lo que claramente muestra que Bolivia ingresa a otra etapa.
Las transferencias a gobernaciones, municipios y universidades, por participación de impuestos y regalías, registran, en conjunto, una disminución de 19%. La inversión pública asciende a $us 6.395 millones, 3,5% mayor al presupuesto anterior, debido al considerable crecimiento de la inversión en el sector energía en más de 1.000 millones de dólares, mientras que otros sectores registran una disminución.
El 65% del total de inversión pública está concentrado en transporte, energía e hidrocarburos. La nueva apuesta del Gobierno sería la generación de energía para la exportación, que refleja la misma lógica de captar renta que no necesariamente responde a la necesidad de generar empleo en el país. Otra vez los sectores generadores de empleo como industria, turismo y agropecuario no han sido priorizados, e incluso registran una disminución en la inversión.
Los gastos corrientes crecieron significativamente durante los últimos años, y si bien el 2016 el incremento es mínimo, estos gastos tienden a ser recurrentes e inflexibles a la baja, ya que en su mayoría son salarios; situación difícil en un contexto con menores ingresos. Es fundamental analizar el financiamiento futuro de compromisos asumidos con recursos provenientes del gas, como el caso de la Renta Dignidad.
Nuevamente se tiene programado un déficit fiscal mayor y, al parecer, el retorno al déficit es abrupto y podría llegar en corto tiempo a niveles preocupantes. El contexto ha cambiado significativamente, los recursos públicos son limitados y decrecientes. "Por lo tanto, –ahora y en adelante– será fundamental priorizar y optimizar los recursos públicos.
El Gobierno debe implementar políticas para darle sostenibilidad a las finanzas públicas y a la economía en general, con transparencia y una clara determinación para luchar contra la corrupción en los diferentes niveles del Estado", puntualizó Martínez. Algunas conclusiones y recomendaciones Con la caída de los precios internacionales, la situación de las finanzas públicas en Bolivia ingresa claramente a otra etapa.
A la disminución de los ingresos por hidrocarburos que se registra desde el año pasado, posiblemente ahora se tenga, además, una disminución de los ingresos por impuestos, según la programación del presupuesto 2016. Si bien aún se tienen saldos en cuentas bancarias en algunas instituciones de los diferentes niveles del sector público, los mismos están disminuyendo, por lo que sólo en el corto plazo podrían ayudar y, en cierta medida, a compensar la caída en ingreso.
Por otro lado, si bien, se registra un incremento leve del total de la inversión pública (elemento fundamental para impulsar el desarrollo) en comparación al presupuesto 2016, este incremento se presenta básicamente por los mayores y grandes recursos orientados a los proyectos de energía para este año; la mayoría de los demás sectores están registrando disminuciones en sus niveles de inversión y en su participación sobre el total de la inversión pública, en comparación al presupuesto 2015.
La nueva apuesta del Gobierno, desde la inversión estatal, claramente es la generación de energía para la exportación, que nuevamente nos lleva a la lógica de captar una renta, pero no responde a la necesidad de generar empleo en el país.
A pesar de la insistencia, otra vez los sectores agropecuario, industria y turismo no son prioritarios, incluso registran una disminución de niveles de inversión, en comparación al presupuesto 2015. Este es un tema que requiere una especial atención, puesto que actualmente es aún más urgente invertir en fuentes productivas alternativas que, además de ingresos, generen trabajo para la población. Con relación a los gastos corrientes, éstos han crecido de manera muy significativa los últimos años, y si bien para 2016 su crecimiento sería mínimo, el nivel alcanzado tiene que confrontarse con menos ingresos. Los gastos corrientes tienden a ser recurrentes e inflexibles a la baja, como los salarios.
Es así que, desde 2014, se registra el retorno al déficit que, al parecer, es abrupto y podría llegar en corto tiempo a niveles preocupantes; por lo que se requiere que el Gobierno asuma políticas que den respuestas y certidumbre ante la nueva coyuntura económica.
El Presupuesto General del Estado 2016 es el primer presupuesto elaborado después de la bonanza; ahora se trata de administrar recursos públicos limitados y decrecientes, lo que implica que será fundamental priorizar y optimizar los recursos públicos, además de implementar políticas para darle sostenibilidad a las finanzas 15 públicas, fortalecer la transparencia, con una clara determinación política para luchar contra la corrupción en los diferentes niveles de gobierno.
El nuevo contexto obliga a implementar políticas o acciones que no han sido abordadas los últimos años, como es una reforma del sistema impositivo; la distribución de los recursos; y a partir de una evaluación de lo que se hizo con los cuantiosos ingresos recibidos, la discusión sobre el uso o destino de los recursos hacia una apuesta de economía menos dependiente y más diversificada.
El actual momento requiere de espacios de concertación como el Pacto Fiscal. El final del ciclo favorable de buenos precios para las materias primas tiene su efecto más directo sobre las finanzas públicas, pero se debe estar atento a los efectos en la economía en su conjunto; el nivel de crecimiento del PIB está bajando y será fundamental abordar políticas o reformas, no sólo para darle mayor sostenibilidad a las finanzas públicas sino también a la economía en general, que presenta una alta dependencia de la extracción de recursos naturales.
El debate en el país debe centrarse en la búsqueda de soluciones técnicas y eficientes al momento que vivimos. Lastimosamente, la agenda pública está inundada por el debate político que no permite resolver los temas institucionales y el desarrollo del país. Llegó la hora de demandar eficiente gestión pública, transparencia y adecuada rendición de cuentas. Será el 2019 cuando se convoque a la población boliviana para evaluar lo que se hizo.
Añadió que por segundo año consecutivo, se tendría una abrupta caída de la renta extractiva (IDH y Regalías), como efecto de la baja de los precios internacionales, además, desde esta gestión se registraría una diminución de los ingresos por impuestos, lo que claramente muestra que Bolivia ingresa a otra etapa.
Las transferencias a gobernaciones, municipios y universidades, por participación de impuestos y regalías, registran, en conjunto, una disminución de 19%. La inversión pública asciende a $us 6.395 millones, 3,5% mayor al presupuesto anterior, debido al considerable crecimiento de la inversión en el sector energía en más de 1.000 millones de dólares, mientras que otros sectores registran una disminución.
El 65% del total de inversión pública está concentrado en transporte, energía e hidrocarburos. La nueva apuesta del Gobierno sería la generación de energía para la exportación, que refleja la misma lógica de captar renta que no necesariamente responde a la necesidad de generar empleo en el país. Otra vez los sectores generadores de empleo como industria, turismo y agropecuario no han sido priorizados, e incluso registran una disminución en la inversión.
Los gastos corrientes crecieron significativamente durante los últimos años, y si bien el 2016 el incremento es mínimo, estos gastos tienden a ser recurrentes e inflexibles a la baja, ya que en su mayoría son salarios; situación difícil en un contexto con menores ingresos. Es fundamental analizar el financiamiento futuro de compromisos asumidos con recursos provenientes del gas, como el caso de la Renta Dignidad.
Nuevamente se tiene programado un déficit fiscal mayor y, al parecer, el retorno al déficit es abrupto y podría llegar en corto tiempo a niveles preocupantes. El contexto ha cambiado significativamente, los recursos públicos son limitados y decrecientes. "Por lo tanto, –ahora y en adelante– será fundamental priorizar y optimizar los recursos públicos.
El Gobierno debe implementar políticas para darle sostenibilidad a las finanzas públicas y a la economía en general, con transparencia y una clara determinación para luchar contra la corrupción en los diferentes niveles del Estado", puntualizó Martínez. Algunas conclusiones y recomendaciones Con la caída de los precios internacionales, la situación de las finanzas públicas en Bolivia ingresa claramente a otra etapa.
A la disminución de los ingresos por hidrocarburos que se registra desde el año pasado, posiblemente ahora se tenga, además, una disminución de los ingresos por impuestos, según la programación del presupuesto 2016. Si bien aún se tienen saldos en cuentas bancarias en algunas instituciones de los diferentes niveles del sector público, los mismos están disminuyendo, por lo que sólo en el corto plazo podrían ayudar y, en cierta medida, a compensar la caída en ingreso.
Por otro lado, si bien, se registra un incremento leve del total de la inversión pública (elemento fundamental para impulsar el desarrollo) en comparación al presupuesto 2016, este incremento se presenta básicamente por los mayores y grandes recursos orientados a los proyectos de energía para este año; la mayoría de los demás sectores están registrando disminuciones en sus niveles de inversión y en su participación sobre el total de la inversión pública, en comparación al presupuesto 2015.
La nueva apuesta del Gobierno, desde la inversión estatal, claramente es la generación de energía para la exportación, que nuevamente nos lleva a la lógica de captar una renta, pero no responde a la necesidad de generar empleo en el país.
A pesar de la insistencia, otra vez los sectores agropecuario, industria y turismo no son prioritarios, incluso registran una disminución de niveles de inversión, en comparación al presupuesto 2015. Este es un tema que requiere una especial atención, puesto que actualmente es aún más urgente invertir en fuentes productivas alternativas que, además de ingresos, generen trabajo para la población. Con relación a los gastos corrientes, éstos han crecido de manera muy significativa los últimos años, y si bien para 2016 su crecimiento sería mínimo, el nivel alcanzado tiene que confrontarse con menos ingresos. Los gastos corrientes tienden a ser recurrentes e inflexibles a la baja, como los salarios.
Es así que, desde 2014, se registra el retorno al déficit que, al parecer, es abrupto y podría llegar en corto tiempo a niveles preocupantes; por lo que se requiere que el Gobierno asuma políticas que den respuestas y certidumbre ante la nueva coyuntura económica.
El Presupuesto General del Estado 2016 es el primer presupuesto elaborado después de la bonanza; ahora se trata de administrar recursos públicos limitados y decrecientes, lo que implica que será fundamental priorizar y optimizar los recursos públicos, además de implementar políticas para darle sostenibilidad a las finanzas 15 públicas, fortalecer la transparencia, con una clara determinación política para luchar contra la corrupción en los diferentes niveles de gobierno.
El nuevo contexto obliga a implementar políticas o acciones que no han sido abordadas los últimos años, como es una reforma del sistema impositivo; la distribución de los recursos; y a partir de una evaluación de lo que se hizo con los cuantiosos ingresos recibidos, la discusión sobre el uso o destino de los recursos hacia una apuesta de economía menos dependiente y más diversificada.
El actual momento requiere de espacios de concertación como el Pacto Fiscal. El final del ciclo favorable de buenos precios para las materias primas tiene su efecto más directo sobre las finanzas públicas, pero se debe estar atento a los efectos en la economía en su conjunto; el nivel de crecimiento del PIB está bajando y será fundamental abordar políticas o reformas, no sólo para darle mayor sostenibilidad a las finanzas públicas sino también a la economía en general, que presenta una alta dependencia de la extracción de recursos naturales.
El debate en el país debe centrarse en la búsqueda de soluciones técnicas y eficientes al momento que vivimos. Lastimosamente, la agenda pública está inundada por el debate político que no permite resolver los temas institucionales y el desarrollo del país. Llegó la hora de demandar eficiente gestión pública, transparencia y adecuada rendición de cuentas. Será el 2019 cuando se convoque a la población boliviana para evaluar lo que se hizo.