Los efectos de estos eventos se repiten en diferentes estados: caída de árboles sobre líneas eléctricas, roturas de cables, sobrecarga de transformadores, subestaciones inundadas y equipos insuficientes para atender simultáneamente miles de llamadas de emergencia. Con la intensa urbanización y la ocupación irregular de zonas vulnerables, las redes aéreas, que ya operan al límite de sus posibilidades, se ven aún más expuestas.

Por lo tanto, lo que antes se consideraba un "accidente ocasional" ahora forma parte del calendario anual de riesgos de las empresas de servicios públicos. Ante este escenario, la necesidad de adaptación en el sector es evidente.

Las empresas de distribución necesitan evolucionar en tres áreas: predictibilidad, respuesta rápida y soluciones estructurales duraderas. La predictibilidad implica trabajar con modelos climáticos más robustos, cruzar datos meteorológicos con información sobre la red y anticipar los puntos débiles.

La acción rápida implica ampliar los equipos, mejorar la logística para el despliegue en situaciones críticas, reforzar las reservas de materiales y operar con centros de control verdaderamente integrados.

Sin embargo, una solución eficaz requiere modernización: automatización de sistemas, instalación de equipos que reconectan circuitos sin intervención humana, redes subterráneas en tramos estratégicos, microrredes para servicios esenciales y refuerzo planificado de la vegetación urbana. La gran pregunta es: ¿quién paga esta factura? Modernizar el sector eléctrico es costoso.

Transformar las redes aéreas en subterráneas exige obras complejas; ampliar los equipos y las bases operativas requiere inversiones permanentes; la instalación de nuevos equipos inteligentes implica altos costos de adquisición y mantenimiento. En cierta medida, parte de este valor tiende a incorporarse a las tarifas, ya que el modelo regulatorio brasileño permite recuperar las inversiones consideradas necesarias a lo largo del ciclo tarifario.

Sin embargo, el reto reside en equilibrar el interés público con la sostenibilidad financiera de las empresas, evitando que cada evento climático resulte en aumentos automáticos para el consumidor.

En este contexto, el papel de los organismos reguladores se vuelve crucial.

Les corresponde definir parámetros mínimos de rendimiento, supervisar los plazos de restauración, auditar las inversiones y aplicar sanciones cuando se produzcan fallos evitables. La regulación debe ser firme, pero también lo suficientemente moderna como para estimular la innovación y permitir a las concesionarias adoptar tecnologías más resilientes.

No se trata solo de castigar, sino de guiar la evolución del sector ante una nueva realidad climática. Reaccionar solo después del desastre ya no es una opción. Brasil necesita avanzar hacia un modelo de distribución más inteligente, robusto y preparado.

Y esto requiere una acción conjunta, empresas que inviertan estratégicamente, un gobierno que apoye las políticas de resiliencia urbana, una sociedad que comprenda los desafíos y un organismo regulador que garantice, de forma equilibrada, que los servicios mejoren sin convertir la tarifa en una carga insostenible.

La transición hacia un sector eléctrico más resiliente no es solo técnica, sino también política, económica y social. El futuro de la energía en el país depende de la capacidad de todos los agentes para comprender que los fenómenos meteorológicos extremos ya no son la excepción. Hoy en día, forman parte del sistema. Y el sistema necesita cambiar para adaptarse a ellos.

Marília Brilhante es directora de Energo Soluções em Energias.

Fuente: AXES