Esa producción, no obstante, enfrenta obstáculos y el principal obedece a los cortes o bajones eléctricos, de allí que en la propuesta de CPP que se negocia también se contemplan incentivos fiscales y reducciones de cobro si en el proyecto se incluye la alternativa de generación eléctrica que permita no depender directamente del sistema nacional.

La decisión no resulta fácil para los consorcios tomando en cuenta las restricciones que tiene la generación térmica, bien sea mediante el uso de combustibles líquidos o gas natural, porque al final directamente está asociado a los suministros de Pdvsa, indica el semanario Exclusivas Económicas.

A lo anterior se agrega que en el gobierno de Nicolás Maduro persiste la resistencia en aceptar una modificación del marco legal que rige desde 2007 al sector eléctrico marcado por la reserva al Estado de la generación, transmisión y distribución.

Sin embargo, la realidad está imponiendo también pragmatismo y no se descarta que esta materia sea de los primeros puntos que deba afrontar la Asamblea Nacional que asuma a principios de enero del próximo año para el período 2026-2030.

Los alcances de los CPP se mantienen bajo reserva por parte del Ministerio de Hidrocarburos y del propio Ejecutivo nacional debido a que se ampara en el artículo de confidencialidad que estipula la Ley Antibloqueo para del Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos, aprobada a raíz de la imposición de sanciones por parte de los Estados Unidos, sobre todo a partir de 2020.

Fuente: Bitacora