Si bien constatata un destacable desarrollo de la energía solar en Chile, el Centro de Energía UC advierte que todavía existen brechas estructurales y sociopolíticas para profundizar el desarrollo de esta tecnología en el país, las que dicen relación con infraestructura de transmisió saturada, atrasao normativo y regulatorio, complejidad de permisos y tramitación ambiental, desigualdad territorial, riesgo de dependencia tecnológica y financiamiento y acceso a capital.
Así lo indica el reporte «Tecnología Fotovoltaica en el Contexto Global y Nacional», publicado por la institución, donde se resalta el crecimiento de la capacidad intalada solar, que llega a los 10.731 MW, a octubre, en el Sistema Eléctrico Nacional. Sin embargo, el documento pone el acento en las brechas que persisten a nivel local, como las congestiones en las redes de transmisión, especialmente en el norte, donde «en ciertos meses de 2023 y 2024, el vertimiento solar superó los 2 TWh/año, afectando la rentabilidad y estabilidad de proyectos».
Además, se menciona la concentración geográfica, con «más del 85 % de la capacidad instalada se encuentra en las regiones de Antofagasta, Atacama y Tarapacá, lo que limita la resiliencia y equidad territorial del sistema», junto a una baja penetración en zonas urbanas, donde la generación distribuida «sigue lejos de alcanzar su potencial. A enero de 2025, la generación distribuida representa menos del 2,7 % de toda la energía inyectada al sistema».
Otro punto es el tema regulatorio, en que se afirma que «el marco normativo chileno aún no se adapta completamente a una matriz energética con alta participación renovable», precisando que las brechas más relevantes incluyen «falta de incentivos robustos y normativas claras para sistemas híbridos PV + almacenamiento, que podrían reducir vertimientos y entregar servicios complementarios de flexibilidad al sistema y retrasos en la regulación de la generación distribuida a mayor escala, con barreras administrativas que dificultan el crecimiento de proyectos en el sector comercial e industrial».
También se plantea revisar la incertidumbre regulatoria en mercados complementarios, como el almacenamiento energético, respuesta de demanda o hidrógeno verde, lo que desincentiva la inversión.
El reporte, en su conclusiones, entrega cinco recomendaciones para el sector público y privado:
Modernizar el marco regulatorio, habilitando esquemas híbridos PV + almacenamiento, mejorando los incentivos a la generación distribuida y promoviendo instrumentos que viabilicen la participación de nuevos actores, incluyendo comunidades, municipios y cooperativas energéticas. Fortalecer los procesos de evaluación ambiental y permisos, avanzando hacia un sistema de ventanilla única digital, con criterios diferenciados según el impacto del proyecto y estándares mínimos de participación ciudadana. Fomentar el desarrollo de capacidades locales, tanto en manufactura como en operación, instalación y mantenimiento, mediante programas de formación técnica, alianzas universidad-industria y clústeres regionales de innovación. Impulsar mecanismos de financiamiento verde e inclusivo, con garantías estatales, líneas de cofinanciamiento y esquemas como PPAs ciudadanos, especialmente para proyectos de menor escala y generación distribuida. Promover la integración sectorial, utilizando energía solar para procesos industriales, electrificación del transporte y producción de hidrógeno verde, ampliando su contribución a la resiliencia y descarbonización del país.
Fuente: Electromineria