El debate sobre el uso de la fracturación hidráulica, conocida como fracking, para la producción de petróleo y gas en yacimientos no convencionales ha cobrado fuerza en Brasil. Es un tema que suscita dudas legítimas, pero que debe abordarse con base en la ciencia, la experiencia internacional y el sólido marco regulatorio del que dispone el país.
El fracking no es una técnica experimental. Desde 1947, se ha aplicado en cientos de miles de pozos en todo el mundo, bajo un riguroso monitoreo y con resultados significativos en países como Estados Unidos, Argentina y China. La tecnología es segura, opera bajo control en tiempo real y cuenta con el respaldo de sistemas avanzados de integridad de pozos, aislamiento de acuíferos y licencias ambientales.
Es importante destacar que la licitación de bloques exploratorios no implica la autorización para producir ni emplear ninguna técnica. En esta etapa, el enfoque se centra exclusivamente en el conocimiento geológico de la zona, sin siquiera garantizar la existencia de un yacimiento económicamente viable. Solo en etapas posteriores, con la aprobación de la Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP) y las agencias ambientales, se evalúa la adopción de la fracturación hidráulica. En Brasil, por lo tanto, no hay lugar para permisos automáticos o irrestrictos: cada caso se somete a un análisis técnico y legal detallado.
La experiencia internacional demuestra que el fracking puede desempeñar un papel significativo en la renovación de reservas, la reducción de la dependencia externa y la promoción del desarrollo económico en el interior del país. En cuencas como Recôncavo y Parnaíba, la técnica podría revitalizar campos históricos, aprovechando la infraestructura existente y reduciendo la necesidad de abrir nuevas fronteras exploratorias en áreas ambientalmente sensibles.
Además, el aumento del suministro de gas natural —un combustible de transición reconocido incluso por la COP28— tendría un impacto directo en la competitividad del sector productivo y la seguridad energética del país. El consumo de agua, uno de los puntos más citados en el debate, está limitado y regulado a múltiples niveles. Parte del volumen retorna a la superficie y puede ser tratado y reutilizado, reduciendo significativamente la demanda neta.
Estudios internacionales demuestran que la contribución del fracking al consumo total de agua es mínima, inferior al 1% incluso en regiones de intensa actividad. Brasil cuenta con reservas estimadas de 16 billones de m³ de gas no convencional, en comparación con solo 1,9 billones de m³ de reservas actuales de origen convencional. La diferencia entre explotar o no este potencial puede significar empleos, ingresos, ganancias y el fortalecimiento de sectores como el agroindustrial, que depende del gas natural tanto para la producción de fertilizantes como alternativa al diésel.
Abogar por un debate cualificado sobre el fracking no implica proponer su adopción inmediata o irrestricta, sino reconocer que el país ya cuenta con instrumentos e instituciones regulatorias consolidadas, capaces de evaluar los riesgos y beneficios de manera segura y responsable. La ABPIP considera que la ciencia, la regulación y la responsabilidad deben guiar las decisiones, garantizando que Brasil pueda utilizar sus recursos de manera sostenible y segura, en beneficio de la sociedad.
Lucas Mota de Lima es el Director Ejecutivo de la Asociación Brasileña de Productores Independientes de Petróleo y Gas Natural (ABPIP).
Fuente: AXES