Este viernes 31 de octubre vence el plazo de la octava adenda otorgada por , presidida por Eddie Jara, a la empresa catarí Doha Holding Group LLC. Sin embargo, una vez más, no hay señales de las 100.000 toneladas métricas de gasoil que la firma debía proveer por un valor de US$ 61 millones.
Desde el viernes último ABC Color intentó obtener una versión oficial de la estatal, pero ningún directivo respondió sobre el tema. La directora de Comunicaciones de la estatal, Norma Caballero, confirmó que tampoco recibió retorno de las autoridades de la empresa. La falta de respuestas y la falta de transparencia se volvió habitual con la actual administración. Lo concreto es que el 25 de septiembre último, durante su comparecencia ante la Comisión Bicameral del Congreso, el presidente de Petropar afirmó que “ya se terminó la paciencia” con la compañía foránea, vinculada a Alejandro Domínguez Pérez, hijo del presidente de la Conmebol. Jara prometió no conceder más prórrogas y advirtió que rescindirá el contrato si Doha Holding no cumplía con la octava adenda, cuyo plazo vence este viernes. Lea más: Eddie Jara afirma que “ya se terminó la paciencia” con la firma catarí y que ya no dará prórrogas
No obstante, hasta ahora reina el silencio sobre el tema. Si Jara cumple su palabra, Petropar debería poner fin a un acuerdo cuestionado desde sus inicios y ejecutar la garantía de fiel cumplimiento, algo que la administración viene evitando reclamar pese a los reiterados incumplimientos.
Detalles de la octava adenda y la garantía que Petropar debe ejecutar La octava adenda, firmada el 29 de agosto pasado, extendió el contrato hasta el 31 de octubre, luego de que la séptima prórroga venciera el 31 de agosto sin que la empresa cumpliera. Llamativamente, en esta ocasión la extensión fue por dos meses.
El documento fue suscrito por el jeque Khalifa Hamad Al-Thani, en representación de la firma catarí, y por el abogado Carlos Arce López, director jurídico de Petropar y encargado de despacho en ese momento, ante la ausencia de Jara. Doha Holding presentó únicamente una declaración jurada como garantía de fiel cumplimiento, firmada por el jeque citado, acompañada de un presunto aval del Qatar International Islamic Bank (QIIB), con el que “certificó” su solvencia económica. El supuesto documento de QIIB fue emitido el 27 de octubre de 2024, está por cumplir un año y se presentó a más de un mes de la presentación de la declaración jurada de fiel cumplimiento, que está fechada el 24 de septiembre de 2024
Según el contrato, la garantía debía presentarse dentro de los diez días posteriores a la firma, pero el supuesto aval bancario fue emitido casi un mes después, el 27 de octubre. Lea más: En caso de incumplimiento, Petropar debería reclamar US$ 3.050.000, equivalente al 5% del monto total del contrato. Resulta igualmente llamativo que, tratándose de una compra “urgente” y millonaria, la estatal aceptara una simple declaración jurada con constancia bancaria, en lugar de una garantía real o póliza de seguro, como exige la normativa.
Balbiani & Asociados, propiedad de Julio Jiménez, vicepresidente del club Olimpia y hermano de Monserrat Jiménez Granda, directora jurídica de la Conmebol y mano derecha de Alejandro Domínguez. Lea más: Documentos a los que accedió este medio revelan que el propio Julio Jiménez incluso autorizó la firma algunas adendas en nombre de la empresa catarí.
Pese a los reiterados incumplimientos, Petropar ya concedió ocho prórrogas a la compañía. Según el contrato, la primera entrega de 25.000 toneladas debía realizarse entre el 23 y 25 de octubre de 2024 en Campana (Km 171 del Río Paraná Guazú, Argentina), bajo modalidad CIF. Las siguientes partidas, también de 25.000 toneladas cada una, debían llegar entre fines de octubre y mediados de noviembre del año pasado, pero ninguna se concretó. Mientras tanto, los demás oferentes —descalificados— habían presentado propuestas ajustadas al “apuro” de Petropar. La estatal, sin embargo, continuó prorrogando el contrato, beneficiando a la empresa catarí, que había ofrecido un “precio milagroso” de US$ 610 por tonelada, cifra que ni Brasil logra conseguir en compras masivas, según fuentes del sector.
Asimismo, Petropar no evaluó la capacidad financiera de la compañía, con lo cual habría incumplido la exigencia legal para adjudicaciones de este tipo. La operación se tramitó mediante un procedimiento especial, con publicación posterior de los documentos, bajo el argumento de acceder a un gasoil más barato.
Este mecanismo no exime del cumplimiento de la Ley 7021 de Contrataciones Públicas, pero en la práctica habría servido para eludirla. Además, las sucesivas prórrogas podrían contravenir el artículo 67 de la norma, que limita las modificaciones contractuales al 20% del monto o del plazo, y solo por causas imprevistas que no beneficien al proveedor.
Fuente: ABC