La situación de Ecopetrol, la principal empresa del país, está tomando un giro preocupante bajo el gobierno de Gustavo Petro Urrego. Lo que en principio parecía una relación tensa pero funcional entre la administración y la petrolera estatal ha derivado en un conflicto con riesgos enormes para la estabilidad financiera de la compañía y, por extensión, para la economía nacional. Un factor clave en este panorama es la postura del presidente Petro Urrego frente a la operación de Ecopetrol en la cuenca del Permian, en Estados Unidos. A través de una alianza estratégica con Occidental Petroleum (Oxy), Ecopetrol ha invertido 1.500 millones de dólares en este proyecto, el cual representa el 15% de su producción y cerca del 10% de sus reservas. Sin embargo, Petro ha decidido desafiar esta inversión, cuestionándola abiertamente y, más recientemente, exigiendo la salida de Ecopetrol de este negocio.
El negocio en el Permian, que se explota mediante fracking, ha sido uno de los motores de la rentabilidad de Ecopetrol. En 2022, el proyecto produjo más de 115.000 barriles diarios, lo que ha contribuido significativamente a la estabilidad financiera de la empresa. Sin embargo, Petro no solo ha criticado el método de extracción, sino que ha ordenado la venta de la participación de Ecopetrol en el yacimiento. Esta decisión, que podría reducir la producción de la petrolera en un 15%, pone en riesgo miles de empleos y recursos clave para el país.
Es importante recordar que, bajo la administración anterior, Ecopetrol planeaba expandir su participación en este negocio debido a los buenos resultados que había obtenido. Pero la intervención de Petro, quien canceló en el último momento un contrato que ya estaba firmado, desestabilizó la toma de decisiones en la empresa. La reciente orden de Petro de poner fin a toda la participación en el Permian parece ser la culminación de un proceso de injerencia sin precedentes en la gestión corporativa de Ecopetrol. Este tipo de decisiones tiene consecuencias que van más allá de la política energética. Ecopetrol es la principal fuente de ingresos del Estado colombiano. Durante los últimos años, la empresa ha aportado más de 250 billones de pesos al erario a través de impuestos, regalías y dividendos. Su desaparición o debilitamiento no solo afectaría a los trabajadores de la USO, sino también a las regiones productoras de petróleo, que dependen de la actividad de Ecopetrol para su desarrollo económico y social.
La venta apresurada de activos estratégicos como el Permian podría, además, provocar una caída considerable en el valor de las acciones de la empresa, afectando la percepción de los inversionistas y generando una pérdida patrimonial significativa para el Estado. Algunos expertos estiman que este golpe podría reducir el valor de la acción de Ecopetrol en un 30%, lo que se traduciría en una pérdida multimillonaria para el país.
La reacción de la USO, que históricamente ha sido uno de los principales aliados del presidente, refleja el nivel de preocupación que existe en torno a las decisiones de Petro. La USO ha advertido que estas políticas podrían poner en peligro la estabilidad laboral de miles de trabajadores y la seguridad energética de Colombia. Además, expresidentes de Ecopetrol, exministros y expertos del sector energético han solicitado la intervención de los organismos de control para evitar lo que consideran un riesgo de detrimento patrimonial. La situación es incierta. Si el gobierno de Petro persiste en su decisión de desmantelar el negocio del Permian, Ecopetrol podría enfrentar no solo una crisis financiera, sino también una crisis de confianza entre sus inversionistas, empleados y otros stakeholders. La intervención en una empresa con más de 70 años de historia, que ha sido fundamental para el desarrollo económico del país, plantea serias interrogantes sobre la coherencia y la sostenibilidad de la política energética del actual gobierno.
Evidentemente, hay que encontrar un equilibrio entre las prioridades ambientales y la seguridad energética del país. Sin embargo, decisiones tan drásticas y sin un debate más profundo podrían terminar dañando lo que ha sido uno de los mayores activos económicos y sociales de Colombia. Es esencial que la administración Petro escuche las advertencias y evite seguir adelante con un plan que, en el mejor de los casos, parece ser un error estratégico.
Fuente: Eje 21