El proyecto geotérmico Chachimbiro, ubicado en Urcuquí, Imbabura, es un símbolo de diversificación y visión de largo plazo. Con financiamiento de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), por cerca de 43 millones de dólares, el país reactivó una iniciativa que había estado detenida por años.
Esta alianza, resultado de la visita oficial del presidente Daniel Noboa a Japón, permitirá desarrollar una fuente de energía limpia y constante, menos vulnerable al estiaje. Sin embargo, el verdadero reto no está en la firma del convenio, sino en su ejecución. Revisar los acuerdos significa garantizar que existan plazos claros, contrapartes técnicas sólidas, licencias ambientales cumplidas y mecanismos efectivos de fiscalización.
El PME, por su parte, es la hoja de ruta que define el desarrollo eléctrico del Ecuador. Actualizarlo con financiamiento chino permitirá incorporar nuevas proyecciones de demanda, escenarios de cambio climático y políticas de transición energética. Esta inversión no busca financiar una obra específica, sino modernizar el sistema en su conjunto, ampliando la capacidad de transmisión, digitalización y planificación. Es una apuesta por la sostenibilidad del sistema, que debe gestionarse con transparencia y con supervisión pública, para evitar los errores de opacidad y sobrecostos que marcaron etapas anteriores del sector eléctrico.
En paralelo, se ha planteado la posibilidad de que una empresa china asuma la operación y mantenimiento de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair (CCS), la mayor obra energética del país. Esta medida no forma parte directa del financiamiento de mil millones, pero se considera clave para asegurar la continuidad operativa de una infraestructura que aporta cerca del 30 % de la energía nacional. CCS enfrenta desafíos estructurales derivados de la erosión regresiva y del desgaste natural de sus sistemas, por lo que contar con una administración técnica especializada —capaz de garantizar mantenimiento, monitoreo y modernización— se vuelve indispensable para su sostenibilidad.
Según el experto Cristian Laverde, Coca Codo Sinclair “ha sostenido al país en los momentos más críticos”, y sin su aporte “el Ecuador no sería viable energéticamente”. Su observación sintetiza una realidad: la central, más allá de su origen polémico, es hoy un activo esencial del Estado. Que su funcionamiento esté en manos de una administración técnica eficiente, preferiblemente bajo esquemas mixtos de supervisión ecuatoriana y asistencia extranjera, puede marcar la diferencia entre estabilidad y crisis energética. Revisar los acuerdos en torno a su operación no significa ceder soberanía, sino garantizar que la obra más importante del país funcione con los más altos estándares de ingeniería y responsabilidad.
El desafío para el gobierno no es solo firmar nuevos convenios, sino concretarlos con resultados medibles. La revisión de los acuerdos con Japón y China debe orientarse a asegurar que cada inversión se traduzca en beneficio real: energía más limpia, infraestructura más confiable y una institucionalidad más sólida. Es fundamental que CELEC y el Ministerio de Energía actúen con rigor técnico y transparencia, publicando cronogramas, auditorías y resultados, de modo que la ciudadanía pueda verificar el cumplimiento de los compromisos asumidos.
En definitiva, revisar los acuerdos es un acto de madurez institucional. No se trata de renegociar por desconfianza, sino de planificar con inteligencia. La geotermia de Chachimbiro y la actualización del PME son piezas de un mismo tablero: diversificar, modernizar y asegurar la soberanía energética del Ecuador. Si el país logra ejecutar con disciplina y visión estos compromisos, habrá dado un paso decisivo hacia una matriz eléctrica más estable, sostenible y alineada con su desarrollo nacional.
Fuente: Confirmado