La estatal también solicitó una medida cautelar de embargo sobre los fondos de la aseguradora, alegando “verosimilitud del derecho” y “peligro en la demora”.
La estatal petrolera exige el pago de la cobertura de seguro por interrupción de obra. La controversia entre Petróleos del Perú – Petroperú S.A. y la aseguradora Mapfre Perú Compañía de Seguros y Reaseguros escaló a los tribunales luego de que la empresa estatal presentara una demanda judicial por más de US$432 millones, al considerar que la aseguradora incumplió su obligación de cubrir las pérdidas ocasionadas por la paralización del Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara (PMRT) durante la pandemia de COVID-19, según informó Infobae.

El origen del reclamo De acuerdo con la demanda presentada ante el 14° Juzgado Comercial de Lima, Petroperú sostiene que la póliza de seguro de construcción N° 23018100089 —suscrita con Mapfre— ampara los retrasos derivados de enfermedades infecciosas bajo la cláusula 9 de su Sección II. Según información de la web Infobae, la petrolera argumenta que la presencia del virus SARS-CoV-2 en el área de obra, así como las disposiciones gubernamentales de cierre emitidas en 2020, activan la cobertura de interrupción prevista en el contrato.

“La cobertura se extiende a cualquier retraso originado por el descubrimiento de un organismo capaz de causar una enfermedad infecciosa, sin exigir contagios directos dentro de la obra”, señala el argumento legal de la estatal. Sustento legal y jurisprudencial internacional Petroperú cita en su demanda el fallo de la Corte del Reino Unido en el caso Financial Conduct Authority v. Arch Insurance (UK) Ltd & others, donde se reconoció la cobertura de pérdidas por interrupción siempre que existiera al menos un caso de COVID-19 dentro del radio geográfico pactado en la póliza.

El expediente indica que el 10 de abril de 2020 se registró el primer caso confirmado dentro de las 25 millas del proyecto, en los distritos de Los Órganos, Máncora y Pariñas, cumpliéndose así la condición territorial establecida. Además, el contrato —en su numeral (b), literal (iii)— prevé cobertura en caso de orden de cierre total o parcial emitida por una autoridad, cuando esta derive de las circunstancias descritas en el literal (a), entre ellas una emergencia sanitaria o brote infeccioso.

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Monto reclamado y medida cautelar La demanda se sustenta en un informe pericial elaborado por FTI Consulting, que cuantifica los daños en US$432,8 millones, monto que —según Petroperú— debería haber sido cubierto por Mapfre conforme a la póliza vigente. La estatal también solicitó una medida cautelar de embargo sobre los fondos de la aseguradora, alegando “verosimilitud del derecho” y “peligro en la demora”, en vista de la negativa de pago y el impacto financiero que la falta de cobertura podría tener sobre su liquidez.

Admisión de la demanda y plazo para respuesta El 29 de septiembre de 2025, el juzgado admitió a trámite la demanda mediante la Resolución N° 1, otorgando a Mapfre un plazo de 30 días para presentar su contestación una vez notificada. La decisión fue comunicada también a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) por la naturaleza regulada de ambas partes.

Un caso con implicancias sectoriales Fuentes legales consultadas señalan que este litigio podría marcar un precedente sobre el alcance de las pólizas de seguros ante eventos extraordinarios, como pandemias o emergencias sanitarias, especialmente en proyectos de infraestructura y energía financiados con fondos públicos. El fallo podría redefinir los criterios de cobertura y riesgo contractual entre empresas estatales y aseguradoras en el Perú.

Fuente: Rumbo Minero