La burocracia ha transformado la regulación en una camisa de fuerza. Que fragmentos cerámicos —que acabarán en bodegas sin relevancia ni uso— puedan frenar un proyecto de energía limpia, es una muestra de desproporcionalidad normativa. ¿Qué mensaje se envía al mundo cuando un país exige 92 permisos, tolera más de 25 atentados impunes, y aún así no garantiza la operación de una inversión estratégica y sustentable?
Esto no es solo un problema de eficiencia: es un problema ético y ambiental. Son 52 MW que no se inyectan al sistema, 52.000 hogares sin acceso a energía renovable, y 139.000 toneladas de CO₂ que podrían evitarse anualmente. En un contexto de crisis climática, seguir atascados en trámites absurdos no es protección: es negligencia. La consulta indígena, el Consejo de Monumentos Nacionales y otras instancias clave deben revisarse, no para eliminarlas, sino para redefinir sus funciones con sentido de realidad y proporcionalidad. La protección patrimonial y el respeto a las comunidades no pueden ser excusas para frenar el desarrollo sustentable del país.
Chile necesita con urgencia una reforma profunda a su sistema de tramitación ambiental, patrimonial y social. Porque hoy, más que proteger, estamos bloqueando el futuro. Lo que debería ser una institucionalidad que habilita y orienta, se ha convertido en un sistema que castiga y paraliza. En este escenario, la reciente aprobación y despacho a ley del proyecto sobre Permisos Sectoriales representa una señal de esperanza. Esta nueva normativa busca reducir tiempos, simplificar exigencias, mejorar la coordinación entre servicios y entregar certezas a quienes desarrollan proyectos estratégicos. Bien aplicada, puede ser el punto de inflexión que el país necesita.
Sin embargo, una ley no cambia nada por sí sola. El verdadero desafío será su implementación. Que los organismos públicos se alineen con el espíritu de esta reforma, abandonen la cultura del “no” y actúen con visión de país, será tan importante como el nuevo marco normativo. Solo así dejaremos de castigar la inversión responsable y podremos avanzar hacia un desarrollo verdaderamente sustentable, justo y viable.
Fuente: Electromineria