El bombeo de crudo sigue suspendido tras la declaración de emergencia en el sistema de transporte. Por ello, las exportaciones petroleras tuvieron que ser reprogramadas y la producción de Petroecuador se ha hundido alrededor del 91,7 % entre el 1 y el 14 de julio, según cifras de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (Arch). A ello se suma que la Refinería de Esmeraldas, la mayor refinadora del país, lleva más de un mes fuera de servicio, por el incendio ocurrido el 26 de mayo. Las autoridades han ofrecido que en julio la planta funcionaría progresivamente.
El Gobierno anunció el lunes que el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) volverá a operar desde el jueves, 17 de julio. Sobre la situación del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) aún se desconoce cuándo retomará sus actividades. La vocera gubernamental, Carolina Jaramillo, informó que en el SOTE se implementará un plan integral de mantenimiento y protección.
Explicó que entre las medidas que están en proceso está la construcción de un paso aéreo sobre los ríos Marker y Loco, ocho variantes del SOTE construidas y una en ejecución, y la puesta en marcha de obras de contención en puntos vulnerables. Además, dijo, se realizan inspecciones en más de 113 kilómetros de la tubería para detectar puntos de riesgo y planificar acciones. Y se elabora un informe técnico integral sobre el estado del SOTE y sus posibles soluciones.
En tanto, la producción petrolera sigue en caída libre. Desde que los oleoductos fueron paralizados, la producción nacional (que abarca a Petroecuador y compañías privadas) se ha desacelerado rápidamente, pasado de 464.637 barriles diarios, el 1 de julio, a 60.111 barriles, el 13 de julio. En el caso de Petroecuador, que aporta alrededor del 80 % a la producción nacional, la disminución es de 331.008 barriles menos en el período analizado.
Solo el 13 de julio la ARCH reportó que 1.578 pozos petroleros de bloques de la empresa pública y 453 pozos de compañías privadas tuvieron que cerrar debido a la suspensión de bombeo del SOTE y OCP. En total, 2.031 pozos han cerrado. En lo que respecta a las exportaciones, para el lunes 14 de julio Petroecuador había anunciado la apertura de ofertas para la exportación de 10,8 millones de barriles de crudo Oriente y 4,3 millones de crudo Napo.
Sin embargo, ante las circunstancias, Petroecuador resolvió postergar este proceso para la próxima semana, cuando se espera que el SOTE ya esté nuevamente operativo. Al respecto, la vocera de Carondelet indicó que el 10 de julio Petroecuador comunicó a todas las compañías calificadas que las aperturas de oferta de crudo se aplazan al 22 de julio.
Aunque el escenario es crítico e inquieta por sus efectos en la baja de ingresos para la caja fiscal, el Gobierno mantiene la calma porque, en palabras de Carolina Jaramillo, “el país aún tiene reservas y aún tiene stock”. “No está cerrada la producción de todos los pozos (petroleros). Hay un cierre parcial. Es decir, no está paralizada por completo la producción”, puntualizó la vocera oficial.
La situación actual del sector petrolero es preocupante, con dos semanas sin operación de oleoductos y la incertidumbre respecto al OCP. Esto recuerda eventos similares en el pasado, como la paralización de diciembre de 2021, que causó pérdidas de aproximadamente $ 500 millones, comentó Roberto Aspiazu, presidente ejecutivo de la Cámara de Energía del Ecuador (CEDE). Criticó la falta de acción oportuna de Petroecuador para construir una variante definitiva de los oleoductos, a pesar de estudios previos y propuestas que han sido ignoradas.
Además, dijo, los constantes cambios en la dirección de la empresa pública, con múltiples gerentes en el último año y medio, afectan la continuidad de la gestión.
En ese sentido, Aspiazu sugiere que el Gobierno debe concesionar la administración del sistema de transporte, tanto del SOTE y del OCP, para que inversionistas privados inyecten los recursos que se requieren y que el Estado no dispone. José Luis Fuentes, docente en la Universidad de las Américas (UDLA), señaló que la interrupción de los oleoductos ha generado una reducción significativa en la producción y exportación de crudo, lo que agrava el déficit fiscal por la falta de ingresos suficientes para cubrir los gastos.
Al respecto, según el Observatorio de Política Fiscal, entre enero y junio de 2025 el déficit fiscal se ubicó en $ 1.757 millones, lo que contrarresta con el superávit de $ 109 millones registrados en el mismo período de 2024. “Es evidente el deterioro fiscal”, recoge el informe del Observatorio.
Fuentes anotó que esto complica la capacidad del Estado para financiar su presupuesto. Y aunque de momento no existe una valoración oficial del impacto económico de la paralización de los oleoductos, el experto estima que podría rondar los $ 200 millones. Por otro lado, señaló que el Gobierno debe contratar seguros para amortiguar los efectos de inconvenientes en la industria petrolera, a más de las variaciones del precio internacional del crudo.
Recordó que la Ley de Integridad, vigente desde el 26 de junio, autoriza al Banco Central del Ecuador (BCE) y a las empresas públicas a contratar seguros para proteger los ingresos fiscales ante las fluctuaciones de los precios de las materias primas.
Fuente: El Universo