Argentina puso en marcha un nuevo esquema regulatorio para el transporte y la distribución de gas natural, con la intención de corregir distorsiones acumuladas durante más de dos décadas. La aprobación de la Revisión Quinquenal Tarifaria (RQT) para el período 2025-2030 marca el primer intento serio de estabilizar las condiciones contractuales desde la ruptura ocurrida tras la crisis de 2002.

Bajo este nuevo marco, las empresas licenciatarias deberán ejecutar inversiones por más de 1.200 millones de dólares en seis años, bajo supervisión del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS). Los planes incluyen desde $60 mil millones anuales en el caso de Transportadora de Gas del Sur (TGS), hasta $35 mil millones por año en algunas distribuidoras de gran escala.

La rentabilidad autorizada —7,18% anual para transporte y 7,62% para distribución, ajustable por inflación— busca dar previsibilidad a un sector históricamente sometido a controles y congelamientos. Es también una señal para el mercado: el Estado valida márgenes positivos a cambio de inversiones cuantificables y monitoreadas.

“La premisa es mejorar eficiencia, calidad y sustentabilidad”, sostuvo Juan Bosch, presidente de SAESA, una firma especializada en comercialización energética. Entre los objetivos técnicos, se destaca la reducción del Gas No Contabilizado (GNC), una pérdida operativa y comercial que el regulador pretende llevar al 2,5% como máximo hacia 2030.

Impacto en las tarifas

El impacto en tarifas será moderado. La Secretaría de Energía y el Ministerio de Economía definieron un esquema de aumentos graduados, con un ajuste inicial del 3% distribuido en 31 cuotas. Se mantendrán los subsidios vigentes para usuarios de ingresos bajos y medios (categorías N2 y N3), al tiempo que se introduce una nueva categoría para altos consumos residenciales, con señales de precio más nítidas.

Más allá del avance institucional, persisten cuellos de botella relevantes. La red de transporte continúa regulada según un diseño geográfico desactualizado. Con la caída de la producción en la Cuenca Norte, provincias como Córdoba siguen obligadas a contratar gas de esa región, pese a que su abastecimiento real proviene de la Cuenca Neuquina. Esto genera sobrecostos que el ENARGAS, de manera inicial por la sensibilidad del tema, apenas ha empezado a corregir.

La sostenibilidad del nuevo esquema es un intento de recuperar la lógica contractual perdida, pero dependerá del cumplimiento de las inversiones, de la coherencia macroeconómica, y sostenibilidad en el largo plazo, y de la capacidad del Estado para alinear la regulación con la realidad argentina.

Fuente: Más Energía