Uno de los paneles analizó “El papel del gas en la transición energética: La realidad del gas en Bolivia 2025”. En ese espacio, el director ejecutivo de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía (CBHE), Enzo Michel, reiteró la necesidad de generar un marco normativo que viabilice las inversiones y, por ende, la reposición de reservas y el incremento de la producción. Esto es muy importante en el marco de la transición, pues hoy el 70% de la generación eléctrica del país depende del gas natural, más allá de los avances en energía solar y eólica. Michel reiteró que “el gas es el vector fundamental de la economía del país, tenemos mucho potencial, pero es necesario dar condiciones” para el desarrollo de los proyectos.
Aseveró que el mercado brasileño sigue siendo una buena opción, pero hoy está buscando alternativas al gas boliviano, porque el país “no está dando los mensajes adecuados”. Recordó que, de acuerdo a la última certificación internacional, las reservas son de alrededor de 4,5 TCFs, y la caída de producción continuará si no hay nuevas inversiones, mientras el mercado interno aumenta su demanda. A esto se suma la reducción de los ingresos por la exportación. Las proyecciones señalan que entre 2028 y 2030, el país podría tener la necesidad de importar gas, por lo cual se requieren acciones urgentes en el corto, mediano y largo plazo.
El primer paso sería la modificación de la Ley de Incentivos (767) que actualmente se encuentra en la Asamblea Legislativa Plurinacional y que considera la incorporación de incentivos para la producción de gas destinado al mercado interno, y en los proyectos exploratorios en caso de que resulten negativos. Esto permitiría “comprar tiempo”, pero luego es preciso revisar el régimen fiscal y, en el largo plazo, modificar la actual Ley de Hidrocarburos.
Complementariedad
Durante el panel, el presidente de la Comisión de Energía y Medioambiente del ICC, José María González, enfatizó que el gas es complementario a las energías renovables ante posibles intermitencias; es el combustible fósil menos contaminante, pues emite un 42 y 24% de dióxido de carbono, con relación al carbón y al petróleo, respectivamente; y su precio internacional es menos volátil.
Fernando Aramayo, especialista del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), expresó la necesidad de avanzar hacia una transición energética justa e impulsar el desarrollo sostenible. Precisó que el escenario actual es muy complejo, con una contracción de los ingresos por la venta de gas y el incremento de los subsidios, que “no sólo es un gasto, sino que reducen los fondos para otras áreas”. Indicó que dar viabilidad a la transición energética impone desafíos institucionales y fiscales. En ese sentido, precisó que faltan incentivos para la inversión en energías renovables y la rigidez del sistema tributario, dificulta diversificar la matriz. Además, se requiere una reforma fiscal y un marco regulatorio que atraiga la inversión privada y garantice la seguridad jurídica. Por ello, enfatizó que una transición energética justa requiere un enfoque integral de economía política y demanda una transición fiscal. A esto se suma la necesidad de transparencia y colaboración, enfatizando que el proceso no es exclusividad de un sector.
Proceso paulatino
En otra de las exposiciones, Edwin Malagón, especialista senior en Energía del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), expresó que la transición energética no se dará de un día para otro, y un elemento esencial es avanzar en la eficiencia energética. En ese sentido, dijo que en varios países se están desarrollando acciones para lograr más eficiencia y reducir las emisiones. Por ejemplo, citó el caso de un sistema en Argentina donde se eliminó el uso de diésel para la generación eléctrica a través de su incorporación al sistema de distribución. El costo, de aproximadamente 30 millones de dólares, retorna en mayores beneficios y menos emisiones.
Malagón coincidió en la necesidad de establecer alianzas público-privada, citando ejemplos como el de Uruguay, donde se han desarrollado diferentes modelos de asociatividad para proyectos eólicos. “Es necesario abrir espacio a todos, generar condiciones para la inversión privada, para lograr acelerar un proceso sin dejar a nadie afuera”, aseveró.
Fuente: Cbhe
