Las subastas de GLP de Petrobras ya representan el 12% del mercado y han aumentado en hasta R$7 el precio de un cilindro de 13 kg en Pernambuco, reavivando el debate sobre la intervención gubernamental en el sector, escribe Sérgio Bandeira de Mello.
La historia de la fijación de precios del Gas Licuado de Petróleo (GLP) en Brasil está llena de intervenciones que terminaron generando importantes distorsiones en el mercado. Durante décadas, los precios fueron artificializados por decisiones gubernamentales, y Petrobras, entonces monopolista, recibió la misión de operar esta artificialización. El GLP fue el último derivado del petróleo en liberarse de los controles de precios y en ser compensado a través de la llamada "cuenta petrolera", un mecanismo que invariablemente dejaba al gobierno en deuda con la empresa estatal.

A lo largo de la década de 2000, varias resoluciones buscaron mantener el GLP vendido en cilindros de hasta 13 kg (P13) a precios inferiores a los practicados en el mercado para otras modalidades. La Resolución CNPE N.° 04/2005 consagró este modelo, aunque no lo hizo obligatorio. La justificación fue mitigar el impacto de los precios en los segmentos más pobres de la población. Sin embargo, a lo largo de casi 20 años, esta política ha demostrado ser ineficaz, distorsionante y regresiva.

Subsidios universales, como este, terminan beneficiando indiscriminadamente a todas las clases sociales, incluyendo a quienes no necesitan ningún tipo de asistencia. El resultado fue la creación de un subsidio cruzado ineficiente, que encareció el GLP a granel, esencial para empresas, pequeños emprendedores y consumidores residenciales que utilizan contenedores de mayor tamaño. Se estima que entre el 15 % y el 18 % del GLP consumido en los hogares se produce fuera del P13. El modelo también desincentivaba la inversión en infraestructura, dificultaba las importaciones y facilitaba el fraude, como el uso de baterías P13 en instalaciones que deberían consumir a granel.

Ante los efectos negativos acumulados, la Resolución CNPE n.º 17/2019 eliminó la diferenciación de precios, vigente desde marzo de 2020. Los análisis de la ANP, incluyendo la Nota Técnica 027/2019/SDR y el Dictamen 10-2019, destacaron la dificultad de transparencia en la formación de precios y la ineficiencia de la política como mecanismo de subsidio. Sin embargo, más recientemente, ha existido preocupación por un intento de retomar mecanismos que generan desequilibrios en el mercado. Desde noviembre de 2024, Petrobras ha estado realizando subastas para porciones cada vez mayores del GLP ofrecido a las distribuidoras.

Estos volúmenes no son excedentes, sino fracciones de la cantidad que antes se vendía directamente, ahora sujetas a subastas con primas significativas. En mayo de 2025, el volumen subastado superó las 75 mil toneladas, más del 12 % de la demanda mensual brasileña. Esta estrategia ha incrementado significativamente el costo del GLP para las distribuidoras y, en consecuencia, para el consumidor final. En el polo de Ipojuca (PE), las primas han llegado a alcanzar los R$7 por cilindro de 13 kg. Esta práctica compromete la previsibilidad, perturba la logística y sobrecarga toda la cadena.

Al afirmar que quiere capturar el "precio de oportunidad" regional, Petrobras ignora que, en un mercado competitivo, el precio eficiente lo establecen naturalmente los agentes en condiciones simétricas. En el contexto actual, la compañía mantiene una posición dominante y las subastas no hacen más que reforzar esta asimetría, debilitando la competencia e inhibiendo a nuevos participantes. Es fundamental rechazar cualquier retorno a la diferenciación de precios y, al mismo tiempo, revisar las prácticas que, aunque se disimulen con fines comerciales, generan impactos similares a las intervenciones anteriores.

Las políticas de precios deben ser transparentes, predecibles y basadas en los fundamentos del mercado. Reconocer las fluctuaciones internacionales es fundamental, pero esto no debe excluir la consideración de los costos locales y la dinámica interna del sector. Si el objetivo es proteger a la población más vulnerable, se deben adoptar subsidios focalizados y directos, a través de programas sociales estructurados, con criterios de elegibilidad claros y sistemas de transferencia eficaces. Este enfoque es más justo, económico y eficiente.

Finalmente, es fundamental que la regulación fortalezca la competencia, promueva la inversión en infraestructura y garantice un entorno atractivo para nuevos agentes. Solo con un mercado abierto, competitivo y bien regulado será posible garantizar un suministro eficiente, justo y sostenible de GLP para toda la sociedad brasileña.

Fuente: Axes