En el caso de la generación hidráulica, si bien es energía renovable y limpia, las centrales con una capacidad instalada mayor a 50 megawatts (MW) –como Yacyretá y las represas del Comahue– no forman parte de la ley 27.191 que sancionó en 2015 el régimen de fomento nacional para el uso de fuentes renovables. Esto se debe a que se considera que los proyectos hidroeléctricos de gran potencia, mayores a 50 MW, presentan un impacto ambiental considerable.

La ley en cuestión vence el 31 de diciembre y en el sector ya hay solicitudes formales al Gobierno para que la prorrogue. Desde que se sancionó, hace 10 años, la generación renovable pasó de representar el 1,65% del total de la matriz a más del 16% en 2024. Para este año se había estipulado una meta de 20%, pero finalizará 2025 en torno a 18,5%, según la proyección de los parques eólicos y solares que entrarán en funcionamiento en los próximos meses.

En el sector privado, sin embargo, destacan que pese al contexto adverso en la última década, de crisis económicas e incertidumbre política (con tres presidentes de distintos partidos políticos), el mercado de renovables logró crecer a buen ritmo. Lo hizo, además, pese a que no se cumplieron al 100% algunos de los incentivos fiscales que ofrecía la ley, como la devolución anticipada del IVA y la amortización acelerada de bienes a efectos del impuesto a las Ganancias. "Todos los incentivos que nos prometieron no valieron nada, porque las devoluciones de IVA no se hicieron, o se hicieron tarde y en pesos pese a la inflación que había", cuentan las empresas.

La ley, sin embargo, sí generó un marco propicio que aisló en parte al sector de la turbulencia financiera. Los contratos firmados se respetaron y nunca se modificó el valor de las tarifas en ninguno de los tres gobiernos, como sucedió con otras fuentes de generación, donde los contratos se pesificaron y se actualizaron por debajo de la inflación. Además, al adherirse todas las provincias a la ley nacional, esto permitió que haya un "paraguas fiscal" por el cual ningún gobernador o intendente pudo aplicar un nuevo impuesto o tasa municipal (la localidad de Puerto Madryn intentó cobrar un "impuesto al viento", pero no prosperó).

"La ley se necesitó porque somos Argentina. Si en 20 años construimos reputación, no defaulteamos más deuda y sigue bajando el riesgo país, no se necesita una protección adicional. Pero sin la ley no hubiesen existido las renovables. Hoy el sector no necesita incentivos de ningún tipo, pero necesita la ley para mantener este paraguas fiscal y que no se creen nuevos impuestos una vez que el capital esté hundido", dice Javier Constanzó, abogado especializado en el sector energético y socio del estudio Tavarone Rovelli Salim & Miani.

El marco jurídico permitió también que las empresas salgan al exterior a buscar financiamiento para invertir en la construcción de los parques, pese a la suba del riesgo país que encareció las tasas de interés. Desde 2018 a 2024, por ejemplo, la Argentina sumó capacidad instalada nueva en el sistema por 7200 MW, de los cuales 5900 MW fueron renovables.

El precio promedio que se paga por las renovables cada vez es más competitivo, a medida que avanza la tecnología de los aerogeneradores y de los paneles solares. Sin embargo, debido a los congelamientos en tarifas que tuvieron las otras formas de generación, las renovables hoy en promedio son las más caras, con una tarifa de US$58 el MWh, solo por debajo de la nuclear (US$73).

Fuente: Pulso