Los grupos del crimen organizado están robando cada vez más combustible de la petrolera estatal Petroecuador para apoyar actividades ilícitas, lo que resulta en pérdidas de cientos de millones de dólares para la principal industria de Ecuador, dijeron la empresa y funcionarios.

Los delincuentes roban gasolina, diésel y otros combustibles pinchando los poliductos de propiedad estatal para usarlos en la producción de cocaína y el transporte de droga. Están organizando ataques violentos en campos petroleros, robando cables de cobre y golpeando a trabajadores, según la empresa y su sindicato.

Petroecuador dijo a Reuters que el robo de combustible provocó pérdidas acumuladas por 215,1 millones de dólares durante 2022, 2023 y hasta octubre de este año, y que las tomas ilegales en sus tuberías se han multiplicado desde las 32 registradas en el 2022 a 773 en los primeros 10 meses del año.

Las autoridades ecuatorianas no han dado una estimación general de las ganancias del narcotráfico para los grupos criminales en el país.

Ecuador tiene 1.655 kilómetros de poliductos controlados por el Estado que serpentean a lo largo de su costa del Pacífico y a través de áreas remotas de la Amazonia, donde las comunidades han protestado contra la industria.

Testigos de Reuters vieron al menos nueve tomas ilegales dentro de una sección de 25 metros del poliducto Esmeraldas-Santo Domingo durante una visita a finales de noviembre.

Al menos 136 tomas clandestinas -válvulas caseras fabricadas por delincuentes- han sido descubiertos en la tubería en este año hasta octubre, lo que suma pérdidas de unos US$17 millones solo en ese oleoducto de 166 kilómetros.

Encontrar y quitar las válvulas caseras es un proceso costoso y que lleva mucho tiempo. Además, supone un riesgo de derrames de combustible, según los técnicos de Petroecuador.

Los asesinatos, el tráfico de drogas y armas, así como delitos atribuidos por el gobierno a bandas locales vinculadas a los cárteles mexicanos, la mafia albanesa y otros, se han disparado en los últimos cinco años en Ecuador. La violencia se ha ilustrado de manera más dramática con el asesinato de un candidato presidencial y la invasión en directo de un estudio de televisión por parte de una banda armada.

Los ataques al sector energético subrayan los intensos desafíos que le quedan al presidente Daniel Noboa, quien prometió mejoras de seguridad en la campaña electoral del 2023 y se presentará a la reelección en los comicios de febrero del próximo año.

Su Gobierno, que no respondió a las preguntas de Reuters, ha dicho que aumentó la protección militar de las instalaciones petroleras, incluidas patrullas nocturnas, y ha autorizado el uso de drones para vigilar las poliductos, que recorren de manera paralela a las tuberías usadas para el transporte de crudo.

Petroecuador confirmó a Reuters el despliegue de las patrullas militares y los drones por parte del gobierno. La petrolera estatal está buscando nuevas tecnologías que le ayuden a detectar los robos con mayor rapidez, y la posibilidad de un centro de mando conjunto con la policía y otras entidades para acelerar la respuesta.

Anatomía de un robo de combustible La policía, citando su trabajo de inteligencia, alega que parte del combustible robado está siendo utilizado por delincuentes locales para fabricar precursores químicos que venden a bandas que producen cocaína en Colombia.

La gasolina también se utiliza en las lanchas rápidas que transportan drogas hacia México y América Central, a través del Pacífico, dijeron.

Para que el aumento de las patrullas y otras medidas tengan éxito, debe haber cambios legales, dijo el teniente coronel Hugo Amores, jefe de la Unidad de Investigación de Delitos Hidrocarburíferos de la Policía de Ecuador.

Los delitos relacionados con el combustible pueden conllevar sentencias de entre dos meses y cinco años, mientras que los cargos por crimen organizado pueden conllevar sentencias de hasta 10 años y los asesinatos de hasta 26 años.

Más del 90% de los poliductos son subterráneos, por lo que los delincuentes cavan alrededor de un metro hasta las tuberías enterradas, las perforan y las conectan a las mangueras de presión, que llevan combustible a camiones cisterna ilícitos o piscinas de almacenamiento ocultas en propiedades privadas.

Los técnicos de Petroecuador a menudo tienen que ser creativos e improvisar cuando se trata de reparaciones, dijo la compañía a Reuters durante la visita.

Quitar las válvulas caseras puede causar derrames u obligar a detener todo el bombeo, por lo que en su lugar los técnicos las encierran en un cilindro de metal, lo que evita que las válvulas ilegales se vuelvan a conectar a las mangueras, un proceso que puede demorar hasta cinco horas.

Si las tomas clandestinas han provocado un derrame, se detiene momentáneamente el bombeo y las tareas de limpieza y reparación pueden demorar hasta 12 horas, dijeron los técnicos. A veces se informan de hasta cinco pinchazos por día en la red de poliductos. El bombeo en poliducto Santo Domingo-Pascuales para el transporte de combustible para avionetas está actualmente detenido porque estaba invadido por tomas ilegales.

La policía ha desmantelado en lo que va del año unas 18 piscinas artesanales para almacenar el combustible robado, principalmente en la Amazonía. "El robo de combustible tiene una relación sistémica dentro de la cadena de valor del crimen organizado", dijo Renato Rivera, del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado. "Es fundamental para la rentabilidad de las organizaciones criminales en Ecuador".

Los poliductos en las provincias de Guayas, Santa Elena, Manabí y Esmeraldas, también importantes centros de transporte de drogas a Estados Unidos, son los que más sufren los robos, según la unidad de delitos hidrocarburíferos. Cada día se trasladan clandestinamente por todo el país unos 30.000 galones de gasolina y diésel robados, el equivalente a tres camiones cisterna, dijo Amores.

Rutas del robo

Según Petroecuador, entre enero y octubre se robaron unos 764.500 barriles de hidrocarburos de su red de poliductos.

"Existe más control," dijo el jefe policial, refiriéndose a un aumento de presencia militar alrededor de las instalaciones petroleras, "pero también existe mayor incidencia delictiva".

La unidad policial de delitos hidrocarburíferos ha identificado al menos cuatro rutas de contrabando de combustible a lo largo de la frontera con Colombia y Perú.

"Todo el sistema (judicial) con relación al tráfico de hidrocarburos está concentrado en la inmediatez, en la flagrancia y no a las redes o grupos criminales que están detrás del delito", dijo Rivera del observatorio. "Por eso los resultados son muy marginales".

Aunque el robo de cable en los campos petroleros no forma parte de la cadena logística del narcotráfico, ha dejado pérdidas por más de cuatro millones de dólares en este año a la petrolera estatal y ha incidido en una disminución del 1% en la producción acumulada en nueve meses, según datos de Petroecuador.

Los trabajadores y contratistas de Petroecuador en algunas provincias están siendo extorsionados, recibiendo demandas de dinero y amenazas si se niegan a pagar, dijo el secretario del comité de empresa de los trabajadores de Petroecuador, Jipson Martínez.

En la provincia de Esmeraldas, donde se encuentra la refinería más grande de Ecuador, entre el 25% y el 30% de los 700 trabajadores han sido extorsionados, dijo Martínez, quien se vio obligado a abandonar la provincia después de negarse a pagar una extorsión, lo que llevó a los delincuentes a colocar una bomba en su casa a fines de 2022.

"Es algo insostenible porque estamos indefensos", concluyó Martínez.

Fuente: La Republica