El Gobierno de Nicolás Maduro decidió llamar a Repsol para reunirse con sus directivos en el país mientras el mundo debatía sobre la validez de su victoria electoral. Un debate que tenía especial fuerza en España. Una de las formas que encontró el equipo de Maduro para legitimar su reelección fue hacer públicas las imágenes de los dos encuentros "de alto nivel" que mantuvo con la energética española, una compañía que vive desde hace años en un dilema por su actividad en este país. Lo que Venezuela le pidió a Repsol y, viceversa, sigue siendo "extremadamente confidencial", según afirman los portavoces autorizados. Algunas fuentes cercanas insinúan que, más allá de la foto de Delcy Rodríguez y Nicolás Maduro con el equipo liderado por José Carlos Vicente Bravo, hay poco destacable de ambos encuentros. No obstante, Repsol y el Gobierno de Venezuela están obligados a entenderse. Venezuela necesita que Repsol le siga proporcionando 'gratis' hasta 2036 el gas que produce en su territorio para que funcionen las centrales que generan la electricidad que necesita el país. Repsol, por su parte, busca que el Gobierno de Maduro le pague lo que le debe, deuda que, en ausencia de dinero, se paga con barriles de petróleo.

Un petróleo venezolano que tiene cualidades especiales y que Repsol es de las pocas compañías a nivel mundial que puede procesar en sus refinerías. Una deuda que, al cierre de 2023, se elevaba hasta los 294 millones de euros y que se había logrado reducir en 24 millones respecto a 2022. Aunque su exposición patrimonial total, que corresponde a los activos de Repsol en Venezuela, asciende a 259 millones de euros frente a los 411 millones que valían en diciembre de 2022. Estos activos corresponden fundamentalmente a la financiación otorgada a sus empresas filiales venezolanas, en las que cuenta con 131 trabajadores, la inversión en Cardón IV y las cuentas a cobrar de la empresa estatal PDVSA. Ambas partes no están cómodas con la relación, pero están condenadas a entenderse. Repsol está en la misma situación que su competidor italiano Eni, que en este país es su socio. Ambos se reparten a partes iguales Cardón IV, la compañía que controla el campo marino de gas Perla, fundamental para asegurar la generación eléctrica en el país. Otras explotaciones de gas gestionadas por la empresa pública PDVSA no son capaces de garantizar un suministro eléctrico estable en Venezuela. Estados Unidos vigila las operaciones Estados Unidos permite este acuerdo comercial porque el petróleo que reciben Eni y Repsol podría encontrar salida en China, Rusia o India. Una operación que dispararía los ingresos del régimen de Maduro. Las relaciones comerciales actuales cumplen con el régimen de sanciones de la Administración norteamericana, como forma de minimizar los ingresos en divisa del régimen venezolano. Si no estuvieran en Venezuela empresas como Chevron de Estados Unidos, Maurel & Prom de Francia, Eni de Italia y Repsol de España, que operan bajo la supervisión de autoridades estadounidenses y europeas, se prevé desde el sector energético que empresas chinas, rusas o iraníes acudirían a explotar la mayor reserva petrolera del mundo. Pero esta situación se considera temporal. El permiso de Estados Unidos, conocido como "Licencia General 44", fue emitido el 18 de octubre de 2023 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros ("OFAC") y autoriza a cualquier compañía del sector petrolero y gasista a realizar operaciones en Venezuela durante un período de 6 meses. Esta licencia fue "un alivio temporal" para Repsol, logrado mediante un acuerdo del régimen de Maduro con la oposición. Este permiso estaba condicionado a que el Gobierno venezolano garantizara unas elecciones presidenciales democráticas y libres en 2024, además de otros compromisos como la liberación de presos políticos. Si el Gobierno de Maduro cumplía,

Estados Unidos contemplaba prorrogar el permiso más allá de abril de 2024. Como no ocurrió, la Casa Blanca anunció el fin de la Licencia General 44, tal como publicaba el Departamento de Estado de EEUU el pasado 17 de abril. Sin embargo, Estados Unidos logró otra vía para mantener este statu quo comercial en Venezuela. Repsol recibió en mayo una licencia específica estadounidense por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) para desarrollar proyectos de petróleo y gas en Venezuela y expandir su negocio. Esta posibilidad de expansión se concretó con el acuerdo aprobado por la Asamblea Nacional de Venezuela, mediante el cual la empresa mixta Petroquiriquire adquirió dos yacimientos petrolíferos. Repsol posee el 40% de Petroquiriquire. Además, la OFAC estadounidense emitió una nueva Licencia General, la 44A, donde aseguraba que las empresas europeas con operaciones en Venezuela, incluidas Repsol y Eni, podrían recuperar la deuda pendiente y los dividendos de las empresas conjuntas en el país al adquirir y refinar el petróleo venezolano. Es decir, Estados Unidos ha decidido contar con Repsol como uno de sus grandes aliados en el control de la situación en Venezuela.

Fuente: El Confidencial