Los presidentes de la República, Senado, Cámara y Superior Tribunal Federal firmaron, este miércoles (21/8), un pacto entre los Tres Poderes para la transformación ecológica, en un acto simbólico que busca demostrar alineación en relación a las agendas ambientales que vienen siendo en curso desde el inicio del gobierno de Lula (PT).

Entre el Ejecutivo y el Legislativo, el compromiso es someter a votación, aún en septiembre, los proyectos de ley sobre el mercado regulado de carbono y el Combustible del Futuro.

En el caso del Poder Judicial, una de las iniciativas previstas es integrar bases de datos inmobiliarias, ambientales, catastrales y tributarias, con datos georreferenciados, para garantizar la seguridad jurídica respecto de la propiedad de terrenos públicos y privados en el país.

Es una medida que puede ayudar en cuestiones como la credibilidad de los créditos de carbono y la lucha contra la deforestación y la minería ilegal.

El pasado domingo (18/8), un reportaje de Fantástico contó cómo la Operación Greenwashing de la Policía Federal expuso un esquema de corrupción que involucraba la falsificación de registros de tierras y la creación de empresas pantalla para legitimar la propiedad de estas áreas y permitir la comercialización de créditos de carbono y madera procedente de la deforestación ilegal.

El caso no es aislado. En octubre de 2023, la Defensoría Pública de Pará presentó demandas contra cinco empresas brasileñas y tres extranjeras que vendieron créditos de carbono a multinacionales certificadas por Verra, utilizando bosques públicos del estado.

Fuente: epbr