En mayo, el presidente Gustavo Petro les ordenó a sus funcionarios buscar una estrategia para que el Estado pudiera pagarles a las empresas comercializadoras de energía eléctrica los 5 billones de pesos que aún no reciben tras la opción tarifaria que se activó en medio de la crisis por la pandemia de covid-19.
En ese momento, las comercializadoras congelaron las tarifas de energía eléctrica para las viviendas y se endeudaron para “reemplazar” ese dinero en sus balances y continuar la operación sin problemas financieros.

El acuerdo era que, al terminarse las medidas de emergencia, las comercializadoras empezarían a subir las tarifas de energía cobradas a los usuarios para actualizar los precios y pagar los créditos que habían pedido.

Pero con la guerra entre Ucrania y Rusia, la subida mundial acelerada de la inflación y hasta el fenómeno de El Niño, los precios de la energía en Colombia, y en especial en la región Caribe, subieron al punto de suscitar nuevas manifestaciones y la urgencia de gobiernos locales y el nacional para encontrarle solución al pago de los 5 billones de la opción tarifaria, de los cuales cerca de 2,5 billones corresponden al Caribe.

Ahí apareció la propuesta del presidente Petro: que el Estado les pague a las comercializadoras de energía esos 5 billones para que los costos asumidos por los consumidores disminuyan.

Un par de semanas después, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) publicó su propuesta de ajuste a la regulación que dice cómo se debe calcular el precio de la energía eléctrica que se compra en su respectiva bolsa, es decir, en negociación minuto a minuto, cada día.

Las respuestas Esta semana, la generadora de energía Isagen publicó un comunicado en el que manifestó su apoyo a las propuestas del presidente Petro.

“Desde Isagen acompañamos las recientes medidas tomadas por el Gobierno nacional para atender la situación de tarifas en el país, con énfasis en la costa Atlántica. La Empresa manifiesta su apoyo, ya que están encaminadas a atender esta crisis social con la financiación vía recursos públicos de la “Opción Tarifaria”, lo que se traducirá en un alivio directo y efectivo a los precios de la energía”, escribió.

Por su parte, el gremio de las empresas distribuidoras de energía, Asocodis, respondió que también apoya la medida, pero que es importante que el Gobierno explique mucho mejor y aclare cómo será el mecanismo para que la nación asuma esa deuda, que por ahora se está pagando a las empresas mediante créditos de Findeter.

“Ya algunas empresas vienen recibiendo desembolsos en calidad de préstamos por parte de Findeter, pero aún no se ha expresado la parte operativa y el detalle para que la nación asuma esa deuda”, le dijo a CAMBIO José Camilo Manzur, presidente de Asocodis.

El comunicado del Ministerio de Minas y Energía indica que la medida beneficiará a los consumidores de los estratos del 1 al 3 y que a las empresas se les pagará con créditos blandos de Findeter, con un periodo de gracia de hasta dos años y tasas de interés bajas. Pero sobre el pago del Gobierno, no ahonda en detalles.

En cuanto a la propuesta para modificar el cálculo de los precios de energía en bolsa, la postura de Isagen es que “acompaña la regulación sugerida para el mercado de la Bolsa de energía, para mitigar la volatilidad de los precios en ese mercado y beneficiar las compras que realizan las comercializadoras que se encuentran expuestas en la actual coyuntura de abastecimiento”.

Algo similar dice Asocodis: aunque todavía está evaluando técnicamente su impacto, apoya las medidas que beneficien a los consumidores, eviten abusos y, en general, mejoren el sistema eléctrico.

Fuente: Cambio